Alrededor de cien mil voluntarios de la Coalición Consulta Popular por la Vida se instalaron en las plazas públicas de las principales ciudades del país con el propósito de recabar casi 2 millones de firmas que se requieren para que, en la jornada electoral de 2018, los ciudadanos respondan a la pregunta: ¿El Estado debe proteger la vida humana desde la concepción como derecho fundamental?
En el marco del Día Nacional por la Vida, efectuado ayer, la Coalición que integran más de 130 asociaciones civiles esperaba obtener un millón de las firmas que se requieren para cumplir el requisito que marca la Ley de Consulta Popular.
El coordinador de la Coalición y presidente del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación, A.C., Aarón Lara Sánchez, alentó a los voluntarios a hacer conciencia entre los ciudadanos de la importancia de poner a consulta, por primera vez, un tema de salud pública que busca no sólo proteger la vida humana desde la concepción sino ampliar los derechos de los no nacidos y proteger a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Señaló el también director de Concertación A.C. que, para anticonceptivos y abortos en comunidades indígenas, este año el presupuesto es de 14,886.151 millones de pesos. En el anexo 13, que es “igualdad” entre hombres y mujeres, para el rubro 12 de salud, en el área de salud sexual y reproductiva (condones, anticonceptivos y aparatos de succión) el presupuesto en 2017 es de más de dos mil millones de pesos.
También se aprovecha un fondo del anexo 13, ramo 20, y se utiliza parte de los 303 millones del presupuesto para instruir y niñas y adolescentes en los institutos de la mujer para saber utilizar la Norma 046 y acceder al aborto. Finalmente, indicó el licenciado Lara Sánchez, se suman otros 371.5 millones de pesos para salud sexual y reproductiva en grupos vulnerables (esterilización o aborto en el sector salud para discapacitados).
Una vez obtenidas las firmas de apoyo, la Coalición tiene hasta el 15 de septiembre para entregar la documentación, debidamente requisitada al Congreso y a las autoridades electorales.
Fuente: Staff