El caso de un hombre deportado a México pese a tener permiso para estar en Estados Unidos bajo un programa federal que protege a jóvenes inmigrantes está ahora en la corte de un juez en San Diego cuya imparcialidad fue cuestionada por Donald Trump durante la campaña presidencial a causa de su origen mexicano.
El juez federal Gonzalo Curiel recibió el caso de Juan Manuel Montes, de 23 años, cuyos abogados dicen pudiera ser la primera persona deportada por el gobierno de Trump que estaba acogida al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que aplaza la deportación de jóvenes traídos ilegalmente al país de niños. Montes presentó el martes una demanda pidiendo acceso a los documentos de su deportación.
La demanda se produce menos de un mes después que Curiel aprobó un arreglo de 25 millones de dólares en un caso contra la ahora desaparecida Universidad Trump por acusaciones de engañar a estudiantes. Trump criticó reiteradamente al juez oriundo de Indiana durante su campaña, insinuando que su herencia mexicana lo había prejuiciado en el caso debido a la posición de Trump sobre la inmigración no autorizada.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles que Montes tenía derecho a estar en Estados Unidos hasta inicios del 2018 bajo el DACA, revirtiendo su posición de la víspera de que su estatus había expirado en agosto de 2015 y no fue renovado.
La agencia dijo que Montes admitió bajo juramento que había entrado ilegalmente al país el 19 de febrero, lo que resultaba en la pérdida de su estatus porque era una admisión de que había salido sin el permiso requerido.
El caso pudiera ayudar a definir el enfoque de Trump hacia el programa, que fue introducido en el 2012 por el expresidente Barack Obama. Trump lo ha dejado en vigor y hecho declaraciones de simpatía sobre sus beneficiarios, enfureciendo a algunos opositores acérrimos a la oposición.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el miércoles que no quería dar una opinión apresurada sobre el caso de Montes y refirió las peguntas al Departamento de Seguridad Nacional. Agregó que las prioridades del gobierno en inmigración son personas que cometen crímenes en Estados Unidos y representan una amenaza.
Fuente: Excélsior