Hizo falta el reclamo marcial, contundente, del secretario de la Defensa Nacional para hacer retemblar en su centro la tierra, y tanto, que senadores y diputados prometen trabajar “tiempo extra”, a prisa, para sacar a las Fuerzas Armadas del “limbo” de la incertidumbre jurídica en que las colocó el poder civil hace una década.
El llamado de atención militar fue vigoroso; de tono inusitado. Es una demanda urgente ante la bochornosa y cobarde falta de un marco legal que proteja operaciones del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado.
Son dos las propuestas en materia de seguridad interior, la del panista Roberto Gil Zuarth y la del priista César Camacho. Ambas coinciden en dotar de mayores y precisos poderes a los mandos castrenses para terminar con confusiones, excesos, y manipulación perversa del concepto de los Derechos Humanos, que en algunos casos ha sentado a soldados en el banquillo de los acusados.
El tiempo apremia. La emergencia nacional hace imposible seguir pateando el bote.
De acuerdo, pero…
¿Convertir en normal lo que es irregular beneficia a alguien?
¿Se equivoca el alto mando militar creyendo que sólo con una nueva ley todo se arregla?
Alega el comentócrata Jorge Castañeda que el problema de las Fuerzas Armadas hoy, y desde finales de 2006, yace en otro ámbito. Se trata de aquella orden aberrante, del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, legal y legítimo, que los soldados han estado obligados a cumplir por honor, disciplina y lealtad, y que, sin embargo, le ha causado un enorme daño al país y a la institución castrense. El problema del Ejército no es el marco jurídico, sino la orden presidencial infame, primero de Felipe Calderón, perpetuada por Enrique Peña Nieto.
No lo dijo, pero por eso el General Cienfuegos estalló en cólera.
¿Quién es responsable de que en diez años no se haya fortalecido a las autoridades civiles en los estados, ciudades y municipios, para que los militares regresen a los cuarteles y dejen de realizar labores de seguridad pública que no les corresponden?
Es ingenuo pensar que algún día habrá policías bien equipadas, capaces, competentes, y sobre todo honradas, en lugar de soldados entrenados para la guerra letal. Tan ingenuo como imaginar que, con una ley, las Fuerzas Armadas evitarán el riesgo de violar los Derechos Humanos, provocar desapariciones forzadas, o ejecuciones extrajudiciales, temas tóxicos para el poder, que colocan a México en el inferno, ante los ojos de la comunidad internacional.
Los vividores del cuento en tiempos de cólera, sobran. Alzan la voz, pero no sugieren con quién y cómo reemplazar al Ejército expuesto a la infamia… a la guerra, con fusil… y sin gloria, perseguidos por 170 mil muertos y cerca de 30 mil desaparecidos.
EL MONJE COMBUSTIBLE: El fuego nunca se apaga con gasolina. El mal humor social incendia por el incremento a los precios de las gasolinas a partir del próximo 1 de enero. Aunque Hacienda avisó del golpe, los cálculos de expertos hacen pensar que la liberalización de los precios de los combustibles, según lo determinen la ley de la oferta y la demanda, y el tipo de cambio peso-dólar, el “gasolinaz0” no será del 10, sino del 20 o 25 por ciento. Inversamente proporcional al aumento de precios será el crecimiento de la popularidad electoral de los opositores al gobierno, y sobre todo, de Andrés Manuel López Obrador. El refranero pro-reformas palidece frente a un alza de precios menudos y mundanos, de gasolinas a taxis y microbuses, a tortillas, a las cadenas productivas que se arrastran por tierra como los reptiles impulsados por combustibles fósiles. Mal comienza el año a quien ahorcan en enero.