Un eventual anuncio de Donald Trump de no prorrogar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abriría una etapa de presión e incertidumbre para América del Norte. La decisión no implicaría una salida inmediata, sino la activación del mecanismo de revisión y eventual terminación previsto en el propio acuerdo. A partir de ese momento comenzaría un periodo de hasta diez años, con revisiones periódicas, antes de que el tratado pudiera expirar el 1 de julio de 2036.
Treinta y dos años de libre comercio quedarían bajo revisión. La zona económica de América del Norte entraría en una fase prolongada de presión política y negociación constante, con efectos directos sobre decisiones de inversión, cadenas de suministro y planeación empresarial de largo plazo. El riesgo no estaría en una terminación inmediata, sino en negociar bajo una certidumbre cada vez más limitada.
Las demandas de Washington se concentran en tres frentes: elevar el contenido estadounidense y regional en la producción automotriz, columna vertebral de las exportaciones mexicanas y eje de buena parte de la integración manufacturera de América del Norte, reforzar las reglas de origen y cerrar espacios para que productos chinos se beneficien del T-MEC.
México llegará a la tercera etapa de negociación, el 20 de julio, con un margen de maniobra limitado marcado por plazos, presión política y exigencias sectoriales, quien impone el ritmo también condiciona los costos.
Para el país, el principal desafío es defender la estabilidad de sus cadenas productivas, preservar la confianza de los inversionistas y evitar que la revisión del T-MEC se traduzca en una pérdida sostenida de certidumbre. El anuncio no cerraría una etapa; abriría una década decisiva para el futuro comercial de México.