Colaboración de Gabriel Casillas
El miércoles pasado el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM). Esta ley secundaria sirve para dotar a los gobiernos estatales y municipales de un conjunto de normas para cumplir con dos objetivos: (1) Hacer que las finanzas públicas estatales y municipales sean sostenibles en el tiempo; y (2) reducir el costo de financiamiento de los gobiernos estatales y municipales responsables. Si bien la deuda de estados y municipios –incluyendo CDMX-, no representa un riesgo sistémico -debido a que apenas rebasa el 3 por ciento del PIB, mientras que en EU se encuentra cerca del 20 por ciento y en Brasil alrededor de 12 por ciento, por ejemplo-, su crecimiento en los últimos años y las divergencias entre estados hicieron que la administración actual pusiera atención para permear la ortodoxia fiscal federal a los gobiernos estatales y municipales, antes de que se convierta en una crisis.
Deuda creciente y divergencias entre estados. La deuda de estados y municipios prácticamente se duplicó de 2006 a 2012, pasando de 1.6 por ciento del PIB en 2006, a 2.9 por ciento en 2012. De 2012 a la fecha ha oscilado alrededor de 3 por ciento. Pero lo más preocupante es que con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diciembre de 2015, hay seis estados cuya deuda asciende a más de 125 por ciento de sus participaciones federales, que son sus ingresos más importantes: Quintana Roo, con cerca de 270 por ciento de sus participaciones, Coahuila con 262 por ciento, Chihuahua con poco menos de 230 por ciento, Nuevo León con 221 por ciento, Veracruz con 133 por ciento y Sonora con cerca de 128 por ciento. Esto contrasta significativamente con la mediana de los estados de 64 ciento, así como algunos con cocientes relativamente muy bajos como Campeche, con poco más de 18 por ciento, Querétaro con cerca de 15 por ciento o Tlaxcala con 0.5 por ciento, el más bajo. En mi opinión, no hay duda de que un marco normativo que ponga en orden las finanzas públicas de los estados y municipios era necesario.
Proceso legislativo relativamente rápido y con alto grado de aprobación. Esta ley secundaria fue enviada en calidad de Iniciativa de Ley a la Cámara de Diputados el 19 de agosto del año pasado y fue aprobada por dicha cámara el 3 de diciembre de 2015 con 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones y se turnó al Senado. Así, el 15 de marzo pasado, el pleno del Senado la aprobó con algunas modificaciones con 85 votos a favor, 9 en contra y una abstención. Finalmente, la cámara baja aprobó los cambios realizados por el Senado el pasado 17 de marzo con 382 votos a favor, cero en contra y 32 abstenciones.
¿De qué se trata? El marco normativo establece los requisitos para la contratación de deuda pública, así como del Techo de Financiamiento Neto, en función del nivel de endeudamiento y las capacidades financieras de los entes públicos y la creación de un fondo de desastres naturales por entidad federativa, entre otros aspectos de alta relevancia para alinear la ortodoxia fiscal federal a las entidades subnacionales.
En mi opinión, con la promulgación de esta ley se da un paso significativo en la dirección correcta para fortalecer el marco macroeconómico responsable con el que ha contado el país por más de dos décadas, ampliándolo a estados y municipios. Adicionalmente, considero importante destacar que las acciones que ha tomado el gobierno federal en este respecto no se están llevando a cabo en un momento de presión de inversionistas, agencias calificadoras u organismos multilaterales (e.g. Fondo Monetario Internacional), ni tampoco para sacar al país de una crisis. Son acciones preventivas que hablan muy bien del compromiso de la actual administración y legislaturas con la responsabilidad fiscal.
*El autor es economista en jefe de Grupo Financiero Banorte.
Twitter: @G_Casillas