Dos de los integrantes del GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitaron el apoyo del Parlamento Europeo para la investigación del caso, esto ante los obstáculos que han encontrado en México para ello, sobre todo en la negativa del Estado mexicano para entrevistarse con los militares que han declarado sobre lo ocurrido la noche en que policías municipales se llevaron a los jóvenes y asesinaron a seis personas.
Carlos Beristain, uno de los especialistas de GIEI expuso los resultados alcanzados por el grupo que integran cinco expertos y creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los logros, dijo que se ha obtenido crear un puente de diálogo entre familiares de las víctimas y las instituciones, así como ha quedado científicamente descartada la versión de la PGR sobre la incineración en el basurero de Cocula; aunque la Procuraduría ha estimado hacer un tercer peritaje.
Han podido constatar que en la noche del crimen hubo presencia de fuerzas estatales, federales y militares; los estudiantes no estaban asociados a la delincuencia organizada; que hubo déficit en las investigaciones, destrucción de pruebas y que no se trató de un secuestro, sino un caso de tortura, desaparición, encubrimiento y obstrucción de la justicia.
Carlos Beristáin y su colega Claudia Paz fueron los encargados de presentar el informe ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y destacaron la importancia de mostrar apoyo «al trabajo que hacemos», esto –dijeron- «ante los intentos de cuestionarnos personalmente o cuestionar sin ningún argumento concreto el trabajo que hemos hecho».
Beristáin pidió que la Unión Europea revise las recomendaciones de sus informes para que vean de qué forma pueden ser parte del apoyo a este grupo. «Ya hemos hecho recomendaciones en nuestro informe respecto al caso y otras más generales sobre la problemática de personas desaparecidas en México (…) El informe que publicaremos a finales de abril también planteará otras recomendaciones», reiteró.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Elena Valenciano, calificó de prematura la comparecencia del GIEI y consideró que debió esperar hasta después de que concluyera su mandato, el 30 de abril. Elena Valenciano expresó su preocupación por el caso de los 43 estudiantes y aseguró que no olvidará este expediente.
Luego de escuchar el informe que presentó ante la Subcomisión de Derechos Humanos de este organismo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso, la funcionaria europea dijo que México necesita la verdad sobre lo ocurrido a los jóvenes, quienes tienen ya casi año y medio desaparecidos.
“Hay mucha burocracia y formas de trabajar que hay que superar, y también hay que tener voluntad política para superar ciertos obstáculos que hemos señalado y que son importantes para conocer la verdad”, dijo a Carlos Beristain, quien junto con Claudia Paz intercambiaron puntos de vista con la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara.
Aseguró que para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014, se necesita tomar declaraciones a las 113 personas hasta ahora detenidas con relación al caso y que la PGR cumpla con las 200 solicitudes realizadas; entre 30% y 40% de ellas aún están pendientes.
Otro elemento fundamental es tener acceso a la información en poder del 27 Batallón de Iguala, entre ellas un video, fotografías, manuales y bitácoras de comunicación.
Los expertos del GIEI pidieron a la Unión Europeo que apoye el trabajo que están realizando y solicitaron a Bruselas asumir como propias las recomendaciones que presenten en su informe final, puesto que consideraron que pueden usarse como “una herramienta trasformadora”.
Durante la sesión de preguntas, la presidenta de la Delegación para México del Parlamento Europea, la eurodiputada del Partido Popular, Teresa Jiménez Becerril, y la liberal Beatriz Becerra, expresaron su espaldarazo a los miembros del GIEI, asegurando que “seguirán acompañándolos en la búsqueda de la verdad”.
En tanto que la eurodiputada verde, Barbara Lochbihler, afirmó que el caso de los normalistas demuestra que “México tiene un enorme problema de impunidad”.
En octubre de 2014, el pleno del Parlamento Europeo, con el apoyo del Partido Popular Europeo y la Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos, aprobó una resolución en la que condenó “firmemente la desaparición forzada” de los 43 normalistas y exigió esclarecer los hechos.
Padres de 43 estudiantes desaparecidos piden ayuda a habitantes de Iguala
Mientras tanto, padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre de 2014 y representantes de organizaciones sociales llegaron a Iguala, donde ocurrieron los hechos, para exhortar a la población a ayudarlos en su búsqueda.
El abogado Vidulfo Rosales, que representa a los padres, explicó a medios locales que esta movilización tiene por «objetivo dirigirse a la población de Iguala, y llegar a las buenas conciencias» para que les informen si conocen el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
El abogado expresó que los padres vienen para decirles a los residentes que «una pesadilla que marcó el país no debe quedar en el olvido, porque eso es una complicidad con la impunidad».
«Iguala jamás podrá vivir tranquila sabiendo que en estas tierras se mata, se desaparece a la gente inocente, se mata sin razón. No podrá vivir tranquila sabiendo que la delincuencia acecha a la gente de buen corazón», sostuvo.
Los padres, acompañados por estudiantes de Ayotzinapa, llegaron la tarde del jueves a Iguala, donde hoy iniciarán una búsqueda «recorriendo diversos lugares de esta ciudad para solicitarles a los igualtecos, con conciencia de la vida humana, que puedan dialogar con nosotros», dijo uno de ellos.
Asimismo, instalarán módulos en varios puntos para recibir información que pueda ayudarles a localizar a sus hijos.
Fuente: Staff