El presidente del Comité Provida, Jorge Serrano Limón, fue sujetado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por más de 25 millones de pesos, juicio que podrá enfrentar en libertad porque el ilícito no está tipificado como grave.
Serrano Limón obtuvo su libertad bajo caución el pasado sábado por lo que abandonó el Reclusorio Preventivo Norte tras cubrir tres garantías: una por 25 millones de pesos, otra por 150 mil y una más por 13 mil 572.
La secretaria en funciones de juez del juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, María del Pilar Argueta, determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) que hacen presumir que el presidente de Provida es responsable del delito antes mencionado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y faltas graves por parte del Comité Nacional Provida, en el ejercicio de recursos que el Gobierno Federal, durante la administración de Vicente Fox, le había asignado para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer.
La ASF descubrió el desvío de recursos públicos por un total de 25 millones 764 mil 539.71 pesos, por lo que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) inició la averiguación previa correspondiente por el delito de peculado.
En 2003, Serrano Limón firmó un acuerdo con un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, por un máximo de 30 millones de pesos, para la supuesta expansión de 10 Centros de Ayuda a la Mujer; sin embargo, el presidente de Pro-Vida utilizó los recursos públicos que se le entregaron para pagar servicios o comprar objetos suntuarios, como tangas, conociéndose el caso como El Tanga Gate.
Asimismo, en 2012 se le impuso una multa de 14 mil 535 pesos y el pago de la reparación del daño, tras comprobarse que Pro-Vida recibió 2 millones 496 mil pesos para equipar los Centros de Atención a la Mujer.
Los problemas para el presidente de Provida continuaron en 2015, cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un litigio de 10 años que promovió Serrano, quien durante ese tiempo pretendió evitar el pago de una multa de 13 millones 200 mil pesos.
Con dicho fallo, se le ordenó al presidente de Provida pagar el monto o de lo contrario se le embargarían sus bienes.
Fuente: Milenio