El Gobierno español impugnó hoy ante el Tribunal Constitucional la iniciativa secesionista aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña para iniciar el camino hacia la creación de un nuevo Estado en la región española.
Tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, reunido hoy en sesión extraordinaria, la abogada general del Estado presentó el recurso de inconstitucionalidad ante el alto tribunal, en el que se solicita que se suspenda la resolución y todos sus efectos, según informaron medios españoles.
El Pleno del Constitucional se reunirá en las próximas horas para decidir si lo admite a trámite. Si es así, lo cual parece probable, el acuerdo del Parlamento catalán será suspendido automáticamente durante un máximo de cinco meses, hasta que se falle al respecto.
El recurso pide que se advierta a varios cargos catalanes, entre ellos al jefe del Ejecutivo en funciones, Artur Mas, y a la presidenta del Parlamento regional, la independentista Carme Forcadell, de que podrían ser suspendidos de sus funciones si no se acata la decisión jurídica, según adelantaron medios españoles.
El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno español, apreció el martes en el texto independentista “voluntad de desobediencia o desacato” a la Constitución y una “declarada insumisión a las instituciones del Estado”.
El texto independentista contempla iniciar formalmente el camino hacia la independencia de la región del noreste de España, de 7.5 millones de habitantes, e insta a desobedecer al Tribunal Constitucional, al que considera “deslegitimizado”.
También prevé aprobar en un máximo de 30 días tres leyes para sentar las bases de un “nuevo Estado catalán en forma de república”.
El texto fue pactado por los partidos independentistas representados en el Parlamento catalán tras las elecciones del 27 de septiembre: la coalición Junts pel Sí –auspiciada por el actual jefe del Ejecutivo catalán en funciones, Artur Mas– y el partido anticapitalista CUP.
Fuente: La Jornada