El sueño de un sistema de justicia alternativo, otro modelo que permitiera a las comunidades tomar sus decisiones, se materializó hace 20 años en estas tierras cuna del guerrillero Genaro Vázquez Rojas. Arropando la cosmovisión de los pueblos indígenas se conformó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que aún sortea obstáculos para su subsistencia y reestructuración.
Era 1995 cuando habitantes de esta comunidad Ñu Saavi (mixteca) decidieron armarse para protegerse de los delincuentes. En ese entonces por cualquier pleito la gente podía morir. Pistoleros mataban por 500 pesos: una venganza de borrachera costaba la vida de ancianos y jóvenes. Nadie respetaba a nadie. Los caminos se invadieron de propios y extraños que vivían de asaltar. Murieron mujeres violadas.
Eran las 10 de la mañana en este pueblo de unas 4 mil personas enclavado en la Costa Chica guerrerense cuando padres de mujeres violadas, maestros, médicos y campesinos redactaron a mano alzada su primer acta de asamblea donde pedían autorización al gobierno estatal de ejercer su derecho de cuidar sus territorios porque nadie lo hacía.
En su casa, sentado frente a la puerta que da a la calle, Francisco Félix, el primer comandante de la CRAC-Policía Comunitaria, toma con delicadeza ese documento en tamaño oficio con fecha del 15 de septiembre de 1995. El hombre de 57 años, ahora comisario y quien se encargó ayer de llevar tortillas hechas a mano para comer en el evento conmemorativo de los 20 años del sistema de justicia, cuenta que el ex gobernador Ángel Aguirre siempre quiso pulverizarlos desde su gobierno interino en 1996.
La hoja, que ha tomado un color amarillo por el tiempo, plasma la justificación de la CRAC que concluyó 1995 con 42 comunidades de San Luis Acatlán, Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte con problemas similares; cada una tenía al menos seis policías que cuidaban caminos y custodiaban el transporte público.
“Con la finalidad de buscar una solución por las anomalías registradas en el tramo carretero Cuanacaxtitlán a Yoloxóchitl por un grupo de asaltantes que han causado daño y terror a personas pacíficas quienes han resultado después de ser despojado de sus pertenencias amarrados, golpeados y llevados al monte para que los suelten ya muy tarde quitándoles la ropa y cometiendo violación en las mujeres”, se lee.
La hoja grita quejas. Con lenguaje claro la gente externó sus inquietudes en el documento que firmó de recibido el gobierno del priísta René Juárez Cisneros, mandos del 48 Batallón de Infantería, el ayuntamiento de San Luis Acatlán y la Comisaría municipal. Campesinos no pudieron sembrar porque les robaban sus cosechas y el temor de quedarse sin maestros y sin médicos porque éstos eran vejados, obligó a las autoridades a admitir a los voluntarios.
Chico Félix, un hombre conocido en su región, platica que por su casa su mujer Esperanza y él vieron desfilar a autoridades de Horcasitas, Pueblo Hidalgo, Camalotillo, Buenavista y acudieron a preguntarle cómo le hizo para formar a sus policías, explicó y fue así como llegaron en ese año a conformarse 42 comunidades.
Organizaciones como la Luz de la Montaña, Solidaridad Social, entre otras, se apoyaron en la ideología de la CRAC. Activistas de diferentes causas acudían a la Costa Chica-Montaña del estado, donde tomaba forma el sistema alternativo, que sin ser guerrilla, proclama a la fecha un ordenamiento a partir de los usos y costumbres de las comunidades.
Hasta 1998, ya con el permiso del estado de portar armas, los policías entregaban a los infractores al Ministerio Público “pero más tardaban en detenerlos que en liberarlos. Pagaban fianza. Nosotros optamos por dar el siguiente paso, yo ya no estaba como policía, pero se decidió que además del cuidado de caminos se debía de juzgar a los detenidos”, cuenta Chico.
A partir de esa fecha se puntualiza el reglamento de la CRAC. Se estipula que habrá Casas de Justicia, que serán San Luis Acatlán y Espino Blanco, Malinaltepec, donde se juzgará a los detenidos en asamblea y de acuerdo con el delito: abigeato, robo en carretara, violación u otro, y se impondrían sanciones. Trabajo comunitario, que le llaman reeducación. A la fecha hay hombres internados en comunidades que purgan sus condenas sembrando, pintando bardas, ayudando a la comunidad hasta que logran salir; pueden durar meses o años así.
En 1995, el primer Comité, antes de ser CRAC, lo conformaban líderes de comunidades como Bruno Plácido Valerio, primer comandante de su pueblo, Buenavista, quien organizó, luego de ser expulsado de su organización, el Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) hace dos años y logró el entrenamiento de las primeras 42 comunidades a manos de mandos del 48 Batallón de Infantería con sede en Florencio Villareal, Cruz Grande.
Pero cuando el sistema cobraba forma iniciaron las detenciones: en febrero de 2001, en San Luis Acatlán, la extinta policía judicial detuvo a cinco coordinadores, liberados por la movilización de las comunidades en marzo de 2002; el gobierno priísta de René Juárez da un ultimátum a las comunidades para que dejen las armas.
El sistema no cedió y en 2004 llega una oferta del mismo gobierno: la formación de la Policía Preventiva Comunitaria, la propuesta de que los detenidos serían enviados a las cárceles del estado y la concesión de que la CRAC nombrara a los directores de los centros penitenciarios y a los agentes del Ministerio Público. Las asambleas comunitarias rechazaron la oferta.
Chico Félix cuenta que el sistema se fragmentó por todas esas ofertas, porque desde 1996, cuando el ex gobernador Aguirre, quien renunció tras la desaparición forzada de 43 estudiantes, intentaba coptarlos. Les ofreció 75 pistolas chaqueteras, de las que sólo les dio 20, logró que corrieran a activistas que apoyaban a la CRAC; también quería alinear a los casi mil policías que había, pero en ese tiempo no lo logró.
En 2013, la CRAC amplió su territorio. De los 12 municipios en los que tenía influencia se sumaron nueve más completando cuatro Casas de Justicia: Espino Blanco, Malinaltepec; Zitlaltepec, Metlatónoc; San Luis Acatlán, y El Paraíso Ayutla, ésta última creada en 2011. En 2012 eran 110 las comunidades regidas por la CRAC.
División del Sistema de Justicia
Los festejos del 20 aniversario dan un nuevo brío al sistema de justicia pero también evidencian su descomposición. La marcha que realizaron policías vestidos de verde olivo con escopetas en mano fue encabezada por el presidente municipal impulsado por Movimiento Ciudadano, Javier Vázquez, un primo de Genaro Vázquez que les promete que los apoyará; el pódium del estrado donde un orador dice que “la revolución no es para matarnos entre nosotros sino para impulsar el sistema comunitario” contrastan.
A 20 años de distancia, dice Valentín Hernández Chapa, asesor jurídico de la CRAC que fue autoridad en 2011 cuando Pablo Guzmán —actual asesor del gobernador Rogelio Ortega— fue coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, el sistema está reestructurándose a través del asambleísmo: hay 130 comunidades de 16 municipios y más de mil 600 policías. Viven de las cooperaciones de la comunidad.
En el encuentro en donde participaron diversas organizaciones, entre éstas el Frente de Defensa de la Tierra, acordaron la movilización para sacar de la cárcel a sus presos políticos: Nestora Salgado García, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Bernardino González y otros seis policías, acusados de delitos, que no cometieron según el amparo de la ley 701 aprobada en 2011.
En el artículo 2 de la legislación 701 se lee: “Es objeto de esta ley el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero y de las personas que los integran; garantizarles el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia; el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina tradicional y recursos (…)”.
Para el gobierno de Aguirre fue un problema y tras reformarse la Constitución en 2014 se suprime el derecho de las comunidades, que se promulgó en 2011, 10 días después de que Aguirre llegara al poder, y que fue impulsada por su antecesor Zeferino Torreblanca, para reglamentar a los comunitarios.
Como ley reglamentaria pierde vigencia temporal perentoria de dos años, lo que permitirá que los policías sean detenidos, pues no tendrán permiso de portar armas. Hernández Chapa asegura: “Desde 1995 no teníamos ley y no frenará el avance”. Sin embargo, activistas plantean que si no se legisla habrá “represión”.