Miércoles , Junio 28 2017
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La ley del miedo

guilleCaleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

 

 

 

A una semana de la emboscada a un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, donde las imágenes exhiben la dolorosa derrota del ejército mexicano,  la sociedad civil alza la voz desde diversos foros para exigirle al gobierno en sus tres niveles que cumpla con su deber de procurar e impartir justicia y dejemos de ser rehenes de la delincuencia organizada

 

Los mexicanos vivimos como dirían las abuelas con “el Jesús en la boca”, no hablamos de percepciones, sino de realidades, como lo confirman diversas investigaciones. La  más reciente, por ejemplo, del INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad  Pública Urbana (ENSU), que se aplica en 48 ciudades, revela que durante el mes de septiembre 71.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

 

Por cierto, una cifra más alta a la registrada en junio de 2016  cuando fue de 70 por ciento y de septiembre de 2015 que se ubicó en 68%. Los municipios con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec,  en el Estado de México; la región Oriente de la Ciudad de México; así como Coatzacoalcos, Veracruz, Acapulco, Guerrero, y Villahermosa, Tabasco.

 

Y ni como rebatir estos resultados, basta con revisar la prensa local de las entidades referidas para confirmar lo manifestado por la gente que se debate entre el miedo, el coraje y la impotencia ante el avance de los grupos delincuenciales que imponen la ley del miedo a la sociedad en colusión con autoridades y cuerpos policiacos.

 

A diferencia de otros conflictos en el mundo, de carácter ideológico, en México se libra una guerra desde hace años por el control del narcotráfico que incluye: territorio de cultivo, rutas de trasiego, plazas de distribución y porque no, la hegemonía del mercado. Un negocio que arroja millonarias ganancias formales e informales, de ahí la colusión con el poder y sus representantes.

 

¿Sus efectos? Los vemos o los padecemos todos los días, secuestros, extorsiones, muertos, desaparecidos, levantados y desplazados, estos últimos en aumento con un peligroso efecto socioeconómico que no se ha dimensionado y muchos menos atendido.

 

La ley del miedo ha obligado a dejar su lugar de origen a más de 280 mil personas entre 2011 y 2015, de estas 160 mil confirmaron que se “vieron en la necesidad de movilizarse a causa de la violencia criminal”, sin que las autoridades de sus municipios o estados emprendieran acciones legales para protegerlos y evitar el éxodo.

 

Brenda Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, reveló que a junio de este año se han identificado “11 desplazamientos masivos, con al menos seis mil personas en 15 estados de la República”.

 

¿Hasta cuándo el éxodo?, discursos, foros pero nada concreto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce que se trata de un problema que existe en México y que directa o indirectamente está vinculado con múltiples violaciones a las garantías individuales y que requiere ser visibilizado. ¿Entonces, por qué no actúan y promueven un marco legal?

El atentado perpetrado en contra de elementos del ejército mexicano, no es una simple agresión a una de las instituciones más respetadas por los ciudadanos, se atacó al Estado mexicano en su conjunto. El mensaje del crimen organizado a la sociedad es claro: “imponer su ley” para continuar con sus  actividades delictivas.

 

¿El Estado lo permitirá? Queda claro que haber sacado a los militares de sus cuarteles para combatir a los cárteles del narcotráfico y recuperar la paz social, no es la panacea como lo imaginó Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 al declararles la guerra. Hoy, el saldo es negativo en resultados y miles de vidas pérdidas.

 

Combatir el avance de la ley del miedo, demanda sólo aplicar el Estado de derecho formado por dos componentes: el Estado, como forma de organización política y el derecho como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad.

 

Pretender la posesión y portación de armas en casas, autos y negocios como propone el senador del PAN, Jorge Luis Preciado, aun cuando la ley lo permita, para defenderse y responder a la delincuencia organizada, sólo escalaría el nivel de violencia e inseguridad que ha secuestrado a la sociedad en su conjunto.

 

Vericuentos

 

Segob estrena negociador

 

El ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, enfrenta un nuevo reto desde la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, será el encargado de conciliar entre grupos antagónicos por ello al rendir protesta definió su estilo: “no desconocemos que existe irritación social, pero no será a través de la descalificación y la negativa como superemos nuestros problemas, se vale disentir pero no se vale destruir, tendamos los puentes necesarios para fortalecer la comunicación y la construcción de los acuerdos”. El que entendió, entendió.

 

RETOS PGJDF

 

Durante su comparecencia ante la ALDF, el procurador Rodolfo Ríos informó que 14 bandas de plagiarios fueron desarticuladas y que la incidencia de delitos de alto impacto en la Ciudad de México cayó 15.8, dejó muy claro que la procuración de justicia es una acción de corresponsabilidad entre las instituciones y los representantes de la ciudadanía: los diputados locales, así que les pidió su apoyo para la asignación de 12 mil 899 millones de pesos a fin de  avanzar en el Nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, donde la PGJ capitalina, hace más del 90 por ciento de los procesos. ¡Órale!

 

Infonavit alianzas

 

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[email protected] [email protected]       @guillegomora

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