Ismael El Mayo Zambada murió en vida. El juez Brian Cogan le dictó cadena perpetua. Probablemente morirá en la prisión federal de Springfield, Missouri, o en la de Butner, en Carolina del Norte.
La Corte del Distrito Este de Nueva York cerró el expediente que México nunca abrió. El Mayo se declaró culpable en agosto de 2025. Aceptó 85 delitos. Admitió haber movido más de 1.5 millones de kilos de cocaína desde 1980. Ordenó torturas. Planeó asesinatos y venganzas.
El juez añadió al castigo el decomiso de 15 mil millones de dólares. La cifra rebasa la decomisada a El Chapo Guzmán. El máximo estratega del Cártel de Sinaloa cayó sin juicio, sin apelación y sin espectáculo. Cayó porque la otra mitad del cártel, regenteada por Los Chapitos, lo traicionó, engañó, secuestró y entregó al FBI en Estados Unidos.
Zambada operó casi medio siglo sin pisar la cárcel. Eso no se logra solo, ni sin protección. Gobernadores lo dejaron pasar. Mandos militares y funcionarios judiciales, locales y federales, cuidaron sus rutas. Secretarios de Estado administraron el silencio. Senadores y diputados miraron hacia otro lado. Presidentes municipales cobraron la cuota. Cada uno tuvo nombre, cargo y lugar en la nómina del criminal.
Ninguno está en el banquillo de Brooklyn. La sentencia condena a un hombre, pero no toca la red que lo hizo intocable. En México, la clase política respira aliviada porque El Mayo cayó y calló: no negoció, no entregó agendas ni dictó nombres.
El Mayo se convierte así en el primer capo de máxima talla que acepta morir en una prisión estadounidense sin cooperar. Todos los secretos morirán con él.
En Estados Unidos se hizo justicia. En México se archivó la justicia. Encerraron al hombre y liberaron al sistema corrupto.