Andares Políticos
Benjamín Torres Uballe
La tranquila noche del Sábado Santo fue interrumpida por una noticia que nada tenía que ver con las celebraciones religiosas o el periodo vacacional: Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador veracruzano, había sido detenido en Guatemala. El nuevo Villano Favorito de los mexicanos estaba en manos de la policía. Las imágenes que empezaron a circular en los distintos medios y las redes sociales mostraban el ignominioso momento de la captura de uno de los probos ejemplos priistas.
Durante seis meses, el canterano emanado del PRI —uno de los “nuevos actores de la generación política” priista, según lo definió el presidente Enrique Peña Nieto en una emisión de Tercer Grado en 2012— permaneció “misteriosamente” prófugo. Los sagaces servicios de inteligencia y policía mexicanos fueron “incapaces” durante medio año de aprehender al otrora orgullo del partido tricolor. El “sospechosismo” de protección oficial siempre estuvo presente.
Una soberbia desbordada y profunda incapacidad, pero sobre todo la perversidad patológica de saquear cuanto estuviera a su alcance exhibieron en muy poco tiempo al pillo que Duarte de Ochoa llevaba a flor de piel. El virreyzuelo jarocho arrasó con la bella entidad ante la “indiferencia” oficial, pese a las múltiples advertencias no sólo de diversas ONG, sino, incluso, de la Auditoría Superior de la Federación, la cual calificó las anomalías en el manejo de los recursos públicos como “históricas”, pues, según la dependencia, existen desviaciones por 35 mil millones de pesos.
Pero nadie puede robarse literalmente un estado de la república sin el conocimiento del gobierno central. El aún todopoderoso presidencialismo de México permite saber lo que acontece en el territorio nacional. Por eso nadie en la administración peñista puede decirse sorprendido, ni deslindarse ante la conducta delictiva del ex mandatario veracruzano. Todos, incluido el jefe máximo del PRI, tienen responsabilidad —por no mencionar la palabra complicidad— en el vergonzoso caso duartiano.
Veracruz es hoy un cuasi estado fallido, que no se formó de la noche a la mañana. El PRI gobernó sin restricciones durante 86 años continuos. En esos sexenios floreció y se afianzó el narcotráfico en la entidad, la violencia alcanzó niveles nunca antes vistos, las fosas clandestinas se volvieron un asunto prácticamente cotidiano y las agresiones a periodistas y a los medios de comunicación se convirtieron en una herramienta eficaz para aplicar la perniciosa censura oficial y fáctica.
No obstante, el saqueo llevado a cabo por Javier Duarte y su pandilla es de tales dimensiones que el agravio no sólo es para la sociedad veracruzana, sino para todos los mexicanos. Así que, resulta vano pensar siquiera en que con la aprehensión del ex gobernador priista se cierra uno de los capítulos más negros de la política nacional. Esto es únicamente una pequeña muestra del entramado que son capaces de construir los señores de horca y cuchillo, impuestos —la mayor de las veces— desde las lujosas oficinas de un gobierno “omnipotente” o partido político insensibles que desconocen las necesidades específicas de cada región. Y esto sucede sin excepción de colores.
Todo indica que la captura realizada en una semana de los prófugos canteranos del PRI, Tomás Yarrington y Javier Duarte, pretende aminorar el repudio del electorado previo a las elecciones del 4 de junio, ya que el tricolor podría sufrir otra derrota estrepitosa como el año pasado y que le costó siete gubernaturas. Nayarit, con la detención en Estados Unidos del fiscal Edgar Veytia, acusado de presuntos nexos con el narcotráfico, es de hecho una derrota anticipada del partido oficial y otra prueba fehaciente de que la cloaca priista no ha sido abierta totalmente.
César Duarte y Roberto Borge, también ex gobernadores surgidos del tricolor, integran por ahora la lista negra pendiente por depurar. El primero, fugitivo de la ley, y el segundo, con denuncias en la PGR, son los siguientes “ejemplos” del nuevo PRI —ahora caídos en desgracia— que deberán ser lanzados a los leones para intentar saciar a la exigente e impaciente opinión pública, ávida de justicia y de atestiguar el castigo que merecen quienes hurtan vorazmente al erario.
Es tanto el descrédito de la clase política y del gobierno actual que, incluso, la localización y el encarcelamiento de Javidú con fines de extradición están saturados de un fuerte aroma a “negociación” política. Algo que no sería posible descartar, pues está visto cómo se las gasta el sistema con tal de “cuidar” a sus integrantes. Y lo vimos el mes pasado cuando el PRI protegió en la Cámara de Diputados a su diputado suplente, Antonio Enrique Tarín García, quien fuera director de adquisiciones en la administración de César Duarte, para que no fuera detenido, pues tiene orden de aprehensión por peculado. Lo “hospedaron” en las oficinas del vicecoordinador de la fracción del PRI y luego en la Coordinación de la diputación priista de Chihuahua, hasta que recibió un amparo. Así se las gastan en el Revolucionario Institucional, pero también en el PAN, en el PRD, en Morena y de pilón la mercantilizada chiquillada.
Javier Duarte se ganó a pulso, y con el sudor de sus transas, el privilegio de convertirse de manera unánime en el Villano Favorito —no se hagan bolas, ustedes ya saben en lugar de quién—, pero es apenas la punta del inmenso iceberg de putrefacción política que subyace en México.
@BTU15