Si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos necesitó violentar sus propias reglas para emitir la Recomendación 208VG/2026 sobre el caso de Los 43 de Ayotzinapa, el problema radica en la ilegitimidad del procedimiento para emitirla.
La ley era clara: emitida una recomendación, el procedimiento se agota. Después sólo cabe verificar su cumplimiento, no reabrirlo, ni inventarle una segunda vida.
La CNDH hizo exactamente lo contrario. Reabrió el caso, abrió un expediente nuevo y luego reformó su Reglamento Interno para atribuirse una facultad que no tenía. Lo hizo sin la opinión del Consejo Consultivo, porque ese contrapeso ya había sido vaciado: sus integrantes renunciaron en protesta por la conducción de Rosario Piedra Ibarra, quien desmanteló la Oficina Especial para el Caso Iguala.
En los hechos, Piedra se revisó a sí misma, y cuando una autoridad se revisa a sí misma, se absuelve. Quien juzga no sólo debe ser imparcial; debe parecerlo. Aquí fallan ambas condiciones. El resultado, por eso, no cae del cielo: la recomendación mencionada concluye que en la desaparición de Los 43 no se acreditó la participación del Ejército ni de otras instancias federales, tampoco una práctica generalizada de tortura.
En sustancia, es el regreso a la verdad histórica que la propia CNDH había desmontado. Doce años de investigación para volver al punto de partida, pero con otro membrete y una coartada institucional favorable a la doctrina de quien impuso a Piedra al frente de la CNDH.
Las conclusiones de la Recomendación pueden discutirse. El camino, no. Un órgano que exige a todas las autoridades someterse a la ley y que, para emitir un documento, debe violentar la suya propia, queda desautorizado antes de pronunciar una sola palabra. Los 43 siguen desaparecidos. La CNDH decidió extraviarse con ellos.