Un presunto desfalco de 103 millones de pesos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ocasionó que la Auditoría Superior de la Federación interpusiera una denuncia penal el pasado 26 de junio.
Otra fue contra el municipio de Valle de Bravo, y tres contra los municipios de Donato Guerra, Estado de México; tres más contra Cofepris; una más contra Talleres Gráficos de México , por presuntas irregularidades encontradas en el gasto de 2024; cuatro al municipio de Alvarado, en Veracruz; cinco al Gobierno de Nayarit y una al municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, por posibles irregularidades en 2021; y una más al municipio de Maravatío, en Michoacán, para un caso de 2023.
La denuncia contra la Universidad va dirigida contra funcionarios de la institución educativa luego de que en la revisión de la cuenta pública de 2024 la Auditoría encontró que de los mil 547 millones de pesos que recibió ese año, había irregularidades en el gasto de 103 millones 184 mil 983.57 pesos.
En la auditoría 1476 practicada a dicha casa de estudios, el órgano fiscalizador dictaminó que la Universidad “infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal del Trabajo y del Anexo de ejecución con número de registro 0126/24, lo que generó un probable daño por un importe de 103,185.0 miles de pesos”.
Según la auditoría, la Universidad destinó 101 millones de pesos en la contratación de dos proveedores para la prestación de servicios de subcontratación de personal especializado como asesores académicos, administrativos y financieros.
Las contrataciones se realizaron mediante el convenio modificatorio número UABJO/CAASU/OAG/DCC/CM001/2024 -derivado del contrato UABJO/CAASU/OAG/DCC/LPN/U006/004/2023- y el contrato UABJO/CAASU/OAG/DCC/LPN/U006/0006/2024, que en suma representaron un gasto 101 millones 932 mil 183.57 pesos .
El primer contrato, y su respectivo convenio modificatorio, fue asignado a la empresa Dirección y Control de Servicios de Nivel Stick SA de CV, una empresa que según datos del Registro Público de comercio, consultados por El Sol de México, se constituyó en marzo de 2020, con giros empresariales como la “prestación de toda clase de servicios profesionales, administrativos, jurídicos, laborales, de capacitación y adiestramiento en el trabajo, de asesoría y gestión empresarial, inmobiliaria y de cualquier otra especie…”.
Mientras que el segundo contrato, se asignó a la firma Servicios Corporativos y Empresariales Blindash SA de CV, conformada en 2022 según el Registro Público de Comercio, y que cuenta con un objeto social de prestar “toda clase de servicios contables, asesoría y consultoría fiscal, jurídica, administrativa, financiera, patrimonial, mercantil, laboral, seguridad social, empresarial y de negocios”.
No obstante, cuando la Auditoría revisó los reportes e informes mensuales, verificó que dicho personal subcontratado realizó actividades administrativas, académicas y financieras relacionadas con el desarrollo de funciones de las áreas en las que estaban adscritos, como en escuelas preparatorias, facultades, institutos y áreas administrativas de la universidad, y en horarios establecidos y bajo las órdenes del personal de la universidad, por lo que no representaban en realidad actividades de personal especializado.
Es decir que la Universidad pagó por la subcontratación de personal especializado de asesores académicos, administrativos y financieros, cuando el trabajo a realizado no requería de alguna especialización en particular, sino que se trataba de actividades cotidianas.
Además de dichas irregularidades la ASF también encontró problemas en la contratación de la empresa Robvaz Consultores SC, por un monto de 1.2 millones de pesos, para la entrega de las bases de nómina, el timbrado de las nóminas para cobro del Impuesto Sobre la Renta, la revisión detallada de declaraciones, la determinación del Impuesto Sobre la Renta participable, la validación del Registro Federal de Contribuyentes del personal de la nómina, entre otras actividades.
Sin embargo, la Universidad no incluirá el expediente técnico que incluye los documentos y el soporte documental para acreditar el proceso de adjudicación y la prestación de multiservicios y trabajos profesionales.
De acuerdo con la ASF, esto se debió a que la Universidad no tuvo “un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los recursos fiscalizados, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.