Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unido, lanzó una advertencia sin anestesia; vienen órdenes de aprehensión contra funcionarios mexicanos vendidos al narcotráfico. No dio nombres. Tampoco hacía falta.
La sombra cae sobre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalado por la justicia de Estados Unidos junto con otros nueve integrantes del mismo círculo. Washington ya no pide cooperación; dicta condiciones.
El golpe, sin embargo, no se queda en Sinaloa. Al convertir un expediente local en señalamiento de alcance nacional, Carter metió el dedo en la llaga de Morena y de Palacio Nacional.
Su elogio a la cooperación con Sheinbaum —“Nunca habíamos visto algo así”— sonó menos a reconocimiento que a acta de subordinación. México entregó capos, aceptó extradiciones, abrió la puerta. Y Washington, como suele ocurrir, no quedó satisfecho; ahora pide más.
Ese es el giro peligroso. El combate al narco dejó de presentarse como cooperación bilateral y empezó a operar como instrumento de presión política.
Quien pone los nombres en la lista, impone la agenda. Sheinbaum queda atrapada en una pinza: si guarda silencio, acepta la tutela; si responde, exhibe la fractura. El margen es estrecho.
México, socio, es sospechoso.