La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en el estado y descartó que exista alguna orden de aprehensión en su contra por parte de autoridades mexicanas. La mandataria reiteró que, conforme al sistema penal acusatorio mexicano, no es posible detener a ninguna persona únicamente con base en señalamientos del exterior sin pruebas fehacientes, y que la Fiscalía General de la República (FGR) determinará si existen elementos jurídicos para proceder.
Sheinbaum calificó los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya —acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas— como parte de una campaña de propaganda, desinformación y mentiras impulsada por la derecha mexicana y sectores opositores. Sostuvo que dicha campaña se ha amplificado en medios y redes sociales con el objetivo de desacreditar a su gobierno y a la Cuarta Transformación.
La presidenta acusó a la oposición de no tener proyecto de nación y de recurrir a instancias extranjeras para sostener sus posiciones políticas. «Lo que quieren es la intervención externa porque no tienen nada que ofrecerle a las mexicanas y los mexicanos más que mentira», declaró. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó previamente que los documentos presentados por Washington no permiten establecer responsabilidades penales en el marco jurídico mexicano.
El caso se originó el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rocha Moya y otras nueve personas, entre ellas el alcalde de Culiacán y un senador de Sinaloa, por conspirar con el crimen organizado. Ante la situación, el Congreso estatal aprobó la licencia de Rocha Moya y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del estado. Sheinbaum instruyó a su Gabinete de Seguridad a coordinarse con la nueva mandataria estatal para garantizar la continuidad operativa en Sinaloa.