Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no encubre a nadie en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y rechazó que exista una ruptura en el acuerdo de extradiciones con Estados Unidos, al insistir en que cualquier solicitud debe estar respaldada por pruebas y respetar el marco legal mexicano. Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que en México debe prevalecer el Estado de derecho y la presunción de inocencia, por lo que corresponde a las autoridades competentes analizar las acusaciones y determinar, con base en evidencia, si procede o no una detención o extradición.
Sheinbaum reprochó a sectores de la oposición y a algunos opinadores que, dijo, buscan la intervención extranjera al exigir acciones inmediatas contra Rocha Moya sin exigir primero que se presenten pruebas sólidas por parte del gobierno de Estados Unidos. Señaló que “todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario” y enfatizó que no se tomarán decisiones “de carácter político”, sino con apego a la ley y a los tratados internacionales vigentes.
La Presidenta destacó que su postura forma parte de la defensa de la soberanía nacional, al recordar que México coopera y se coordina con Washington en materia de seguridad y extradiciones, pero “nunca se va a subordinar” a intereses externos. Como ejemplo, mencionó que Estados Unidos ha rechazado decenas de solicitudes de extradición presentadas por México por considerar que no existían elementos suficientes, lo que, dijo, demuestra que también del lado mexicano se debe exigir que las acusaciones se sustenten jurídicamente.
En este contexto, Sheinbaum reiteró que el caso de Rocha Moya y de otros exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado deberá seguir su curso institucional, con investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República y con pleno respeto al debido proceso. Recalcó que su gobierno mantendrá la cooperación con Estados Unidos, pero insistió en que cualquier determinación sobre detenciones o extradiciones estará condicionada a que se presenten pruebas claras y suficientes, en defensa de la Constitución y de la dignidad del pueblo de México.