Desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde cumple una condena a cadena perpetua, Joaquín «El Chapo» Guzmán envió una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, recibida el 1 de mayo, en la que solicita formalmente su extradición a México. En la misiva, escrita en inglés, el exlíder del Cártel de Sinaloa reclamó «mi derecho a solicitar ser devuelto a mi país».
La carta, fechada el 12 de abril de 2026 y dirigida al juez Brian Cogan —quien lo condenó en 2019—, denuncia presuntas violaciones a sus derechos constitucionales. Guzmán Loera invocó la Primera Enmienda al señalar que no puede mantener contacto con su familia, incluidas sus hijas, y la Octava Enmienda al denunciar que las condiciones de su reclusión constituyen un trato cruel e inusual que afecta su salud mental y física.
En la misiva, el exnarcotraficante también solicitó la restitución de los derechos de visita familiar, pidió la repetición de su juicio «para tener la oportunidad de recuperar mi libertad» y denunció «abuso de la política judicial». Asimismo, cuestionó la legalidad de su extradición a Estados Unidos, ocurrida en enero de 2017, argumentando que debió respetar la Constitución mexicana y los tratados bilaterales.
Esta no es la primera vez que Guzmán Loera recurre a cartas para comunicarse con los tribunales. En agosto de 2025 solicitó al juez Cogan comunicarse con su abogado, y en abril de 2026 envió otra misiva para pedir un trato justo bajo las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) bajo las cuales está recluido. Las solicitudes de extradición de presos condenados en Estados Unidos de regreso a sus países de origen son extremadamente infrecuentes y con escasas posibilidades de prosperar.