La reforma a la reforma electoral busca fortalecer la integridad de los comicios, pero deja sin atender con la misma claridad uno de los factores internos que más ha afectado procesos locales y regionales: la intervención del crimen organizado. La omisión no es menor, porque limita el alcance de una reforma que pretende presentarse como respuesta amplia a los riesgos que enfrenta la democracia electoral en México.
Según el analista político Luis Carlos Ugalde, el primer foco rojo está en el alcance de los mecanismos de prevención.
La propuesta de revisar antecedentes de aspirantes puede contribuir a depurar candidaturas, pero no resuelve por sí sola las formas de intervención que alteran una elección en su operación concreta.
La presión sobre comunidades, la movilización forzada del voto, el financiamiento ilícito, la intimidación a aspirantes y la coacción sobre funcionarios electorales muestran que el problema excede el filtro de perfiles.
El segundo foco rojo se encuentra en el diseño que acompaña la reforma. Aunque Morena plantea que su propósito es transformar al Poder Judicial, la propuesta permite que magistrados electorales permanezcan hasta 2033. La reforma compra al árbitro.
En conjunto, la reforma no ofrece respuesta frente a las presiones internas …y deja más dudas que certezas.