La presidenta de la República pretende mostrar serenidad; niega estar entre la espada y la pared, por la solicitud de estadounidense para extraditar al gobernador de Sinaloa, al senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y a otros siete funcionarios y exfuncionarios del estado en crisis. La lista es explosiva; la solicitud, formal.
Los partidos de oposición mueven ficha y exigen la desaparición de poderes; acusan al gobernador de haber perdido el control del estado y ser incapaz de garantizar la paz.
El gobierno responde con cabeza fría, pero temple, sin resultados, suena a evasión. Las palabras no apagan incendios, y en Sinaloa el incendio lleva mucho tiempo ardiendo.
–¿Qué pasaría si México cierra la puerta a la solicitud de extradición?
–Sería admitir que el Estado mexicano fue infiltrado. Que la 4T tiene cuentas pendientes. Sería blindar al poder político frente a la justicia.
Estados Unidos no se quedará cruzado de brazos. El choque con el vecino del Norte será frontal. Washington lo interpretará como encubrimiento y la confianza se rompería, con graves consecuencias. Primero, en materia de seguridad con menos inteligencia compartida, y más vigilancia sobre funcionarios mexicanos.
Después, vendrán sanciones como cancelación de visas, congelamiento de activos, investigaciones abiertas en cortes federales estadounidenses y más expedientes públicos y además una relación económica bajo presión, revisiones desfavorables para México en el marco del T-MEC y más obstáculos comerciales.
Por si algo faltara, lo más doloroso serían los señalamientos formales por incumplimiento en el combate al narcotráfico. México quedaría bajo la lupa, y el mensaje sería claro: quien protege, lo pagará muy claro.