La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que al menos 19 congresos locales —el mínimo exigido por el artículo 135 constitucional— la avalaron en tiempo récord, apenas horas después de su aprobación en San Lázaro. El decreto fue remitido al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.
El pleno de la Cámara de Diputados había aprobado el dictamen en la madrugada del 9 de abril, en lo general con 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 343 a favor, 124 en contra y una abstención, tras más de 13 horas de debate. La reforma, enviada sin modificaciones desde el Senado, que la avaló el 26 de marzo, cuenta con el respaldo de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra.
La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución e impone límites al gasto de los congresos locales —que no podrán ejercer más del 0.70% del presupuesto estatal—, reduce a un máximo de 15 las regidurías municipales y establece que consejeros y magistrados electorales no podrán percibir remuneraciones superiores al salario de la Presidenta de la República, ni contratar seguros o prestaciones extra con recursos públicos.
La iniciativa surgió como alternativa tras el fracaso de la reforma electoral original de Sheinbaum en marzo, cuando PT y PVEM se sumaron a la oposición en San Lázaro. El nuevo texto excluye la propuesta de empatar la revocación de mandato con los comicios de 2027, modificación que introdujo el Senado. La presidenta Sheinbaum festejó la rapidez con que los congresos estatales avalaron la reforma, que ordena armonizar la legislación local a más tardar el 30 de mayo de 2026.