En Estados Unidos le retiraron la visa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya desde el año pasado, según revela el reportero Steve Fisher en colaboración con el diario Los Ángeles Times. Él gobernador ha guardado silencio hasta ahora
Es más, el reportaje revela que más allá de las visas canceladas EU está listo para revelar más y más nombres de narco políticos mexicanos.
El mensaje va mucho más allá de un castigo administrativo. Washington ya había hecho lo mismo con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y además existe una “lista negra” donde aparecen nombres como Alfonso Durazo en Sonora, Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, Layda Sansores en Campeche, Miguel Ángel Navarro en Nayarit e incluso Samuel García en Nuevo León.
Lo que está construyendo EU es el expediente político de una élite gobernante a la que empieza a ver como parte del ecosistema del narco, no como parte de la solución.
Mientras la Casa Blanca señala a narco políticos al sur del río Bravo, Trump presiona a México sugiriendo operaciones militares en territorio nacional, como si Estados Unidos no tuviera responsabilidad en el lavado de dinero, en el tráfico de armas y en la demanda masiva de fentanilo.
La doble moral es evidente: castigan visados, pero protegen bancos, fabricantes de armas y redes financieras que hacen posible el negocio.
Lo realmente grave para México es quedar atrapado entre una moral cínica: la de una clase política que ha tolerado, negociado o volteado la mirada ante el crimen organizado, y la de una superpotencia que ahora usa la “guerra contra el narco” para castigar, amedrentar y disciplinar gobiernos incómodos, como el nuestro.