Florida demanda a California por otorgar licencias de conducir a indocumentados

por José Cárdenas
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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó una demanda federal contra el estado de California, acusándolo de ser responsable de muertes en carreteras estadounidenses por otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. La acción legal se deriva de un trágico accidente ocurrido en agosto pasado que cobró la vida de tres personas.

«Presentamos una demanda contra California a nombre de Florida para que rindan cuentas por la carnicería que sus ilegales políticas santuario de inmigración han causado a estados como Florida en todo el país», declaró Uthmeier en entrevista con Fox News. El fiscal espera que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

El caso que detona la controversia

El 12 de agosto de 2024, en la carretera Florida Turnpike, Harjinder Singh, un inmigrante de la India que conducía un tráiler con licencia comercial emitida por California, provocó un accidente fatal al realizar un giro prohibido en U, chocando contra una minivan y causando la muerte de tres personas.

La fiscalía de Florida sostiene que California actuó con negligencia al otorgar licencias de conducir comerciales a personas sin estatus migratorio legal, poniendo en riesgo la seguridad de ciudadanos en otros estados.

La defensa de California

Por su parte, el estado de California defendió su decisión argumentando que Singh contaba con un permiso de trabajo válido otorgado por el gobierno federal, cumpliendo así con los requisitos para obtener una licencia comercial según las leyes estatales.

«Ellos están conscientes de los peligros que sus políticas causan, ellos saben que, al dar licencias de camioneros a estas personas que no hablan inglés, están poniendo a familias en riesgo en la carretera. Vidas se pierden, lo saben, necesitan hacerse responsables», insistió Uthmeier.

Decisiones federales recientes

Tras el accidente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 21 de agosto la cancelación inmediata de la emisión de visas a extranjeros que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales, argumentando que «ponen en peligro» la vida de ciudadanos estadounidenses y el empleo de camioneros locales.

Además, el Departamento de Transporte de Estados Unidos implementó desde junio una prueba obligatoria de inglés para conductores de carga, siguiendo una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en abril.

Cifras del sector de transporte

Los inmigrantes representan más del 18% de los conductores de camiones comerciales en Estados Unidos, aproximadamente 720,000 trabajadores, según datos de la Asociación de Operadores de Paradas de Camiones (NATSO, por sus siglas en inglés).

Esta cifra evidencia la importancia de este sector de la población en la industria del transporte estadounidense, aunque ahora enfrenta mayores restricciones y escrutinio por parte de las autoridades federales y estatales.

El contexto de las políticas santuario

California mantiene políticas consideradas «santuario» que permiten a inmigrantes indocumentados con permisos de trabajo federales acceder a licencias de conducir, argumentando que esto contribuye a la seguridad vial al garantizar que todos los conductores estén capacitados y asegurados.

Sin embargo, estados como Florida y Texas han adoptado posturas opuestas, implementando restricciones más severas y, en algunos casos, dejando de emitir licencias comerciales incluso a beneficiarios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Implicaciones legales

El caso plantea interrogantes sobre la jurisdicción estatal en materia de licencias de conducir y la responsabilidad interestatal cuando se producen accidentes con conductores autorizados en un estado pero que transitan por otro.

Expertos legales anticipan que, de llegar a la Corte Suprema como pretende Uthmeier, el caso podría sentar precedentes importantes sobre los límites del poder estatal en políticas migratorias y de transporte, así como sobre la responsabilidad legal derivada de políticas consideradas «santuario».

 

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