En el décimo día del cierre de gobierno en Estados Unidos, la administración Trump inició despidos masivos de empleados federales, una medida sin precedentes que busca presionar a los legisladores demócratas en medio del estancamiento presupuestario.
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La Casa Blanca, a través de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), confirmó el comienzo de las reducciones de personal conocidas como RIF (Reduction in Force). El director de la oficina, Russ Vought, anunció en redes sociales que “los RIF han comenzado”, marcando el inicio formal de los despidos.
Un portavoz de la OMB adelantó que las reducciones serán sustanciales, aunque sin ofrecer cifras precisas. A diferencia de cierres anteriores, en los que los empleados eran suspendidos temporalmente, esta vez muchos puestos podrían desaparecer de forma permanente.
La implementación de los despidos fue planificada desde antes del cierre, iniciado el 1 de octubre, cuando la Casa Blanca ordenó a las agencias federales preparar planes de recorte. Las medidas afectarán programas cuyos fondos expiraron o que no se alinean con las prioridades del presidente.
El presidente Donald Trump advirtió días atrás que los despidos serían “considerables” si el cierre continuaba. “Muchos de esos empleos no se recuperarán jamás”, afirmó en una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Oficina Oval.
Los demócratas han intentado impugnar legalmente la decisión, calificándola de posiblemente ilegal, pero el anuncio de hoy confirma que la Casa Blanca seguirá adelante con su estrategia de presión política.
Mientras tanto, el Congreso permanece paralizado: tanto la Cámara de Representantes como el Senado siguen sin sesionar. El líder republicano del Senado, John Thune, urgió a los demócratas a apoyar un proyecto provisional para reabrir el gobierno, aunque éstos mantienen su rechazo, exigiendo la extensión de prestaciones sanitarias.
“Es hora de que tengan coraje”, declaró Thune, en un intento por dividir al bloque demócrata y poner fin al impasse legislativo.
Por ahora, no hay señales de acuerdo entre los líderes de ambos partidos, lo que prolonga el cierre gubernamental y agrava el impacto en miles de empleados federales y servicios públicos en todo el país.