Las 26 personas enviadas a Estados Unidos seguían dirigiendo actividades ilícitas desde prisión en México, afirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Estos delincuentes de alto perfil usaban visitas para mantener operaciones criminales, amenazar funcionarios y extender redes de intimidación, lo que representaba un alto riesgo.
También buscaban traslado a penales de menor seguridad o liberación anticipada mediante litigios, lo que aumentaba el riesgo de fuga o expansión de sus actividades.
La decisión supuestamente fue soberana y parte de la estrategia contra la extorsión y la impunidad. En EE.UU. enfrentan procesos abiertos y su traslado impide que operen contra la sociedad mexicana.