La Suprema Corte de Estados Unidos determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad legal a fabricantes de armas, lo que les impide ser responsabilizados por el tráfico ilícito hacia México.
El fallo fue publicado en el sitio oficial de la Corte. El argumento central fue que no se demostró que las empresas “ayudaran o facilitaran” el tráfico de armas. No se pronunciaron sobre la proximidad del daño, otro de los puntos clave del caso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó su rechazo y anunció que agotará todas las vías legales y diplomáticas para combatir el tráfico de armas hacia México.
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La SRE sostuvo que las empresas de armas causan daño directo al país y reiteró que el flujo de armas alimenta la violencia y fortalece a grupos delictivos que amenazan la seguridad de las familias.
El Gobierno de México subrayó que ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y expresó que seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas.
Con esta resolución, la Suprema Corte revoca el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que había aceptado la demanda de México.
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La decisión de hoy no afecta otra demanda interpuesta por México en 2022 ante una corte de Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Ese caso sigue en la etapa de producción de evidencia.
Ambas demandas han dado visibilidad internacional al tema. México también llevó el tema ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2021 y está a la espera de una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.