Este 17 de junio entró en vigor en todo el país la conocida Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que garantiza el derecho al descanso durante la jornada laboral y obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a sus trabajadores. Con esta medida, se busca prevenir afectaciones a la salud derivadas de permanecer de pie por tiempos prolongados.
La reforma fue publicada hace seis meses en el Diario Oficial de la Federación y este lunes se cumple el plazo de 180 días naturales para su implementación obligatoria. A partir de ahora, todas las empresas deberán contar con sillas o asientos adecuados para que los trabajadores puedan hacer pausas durante su jornada, sin importar el tipo de actividad que desempeñen.
Antes de esta modificación, la LFT ya contemplaba la obligación de que hubiera sillas en los centros de trabajo, pero lo hacía desde una perspectiva operativa: el asiento era visto como una herramienta de trabajo, no como un medio para ejercer el derecho al descanso. La Ley Silla cambia este enfoque al vincular directamente la disponibilidad de sillas con la salud y bienestar de las personas trabajadoras.
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Uno de los puntos clave de la reforma es que prohíbe expresamente que los empleadores obliguen a los trabajadores a permanecer de pie durante toda su jornada. Además, establece que los asientos deben contar con respaldo y estar ubicados en un área destinada para tal fin, lo cual implica que no necesariamente estarán en el mismo espacio donde se realiza la actividad laboral.
La disposición aplica principalmente a sectores como comercio, servicios, atención al cliente, salud, vigilancia y otros donde es común que los trabajadores permanezcan largos periodos de pie. En el caso de la industria, la aplicación de la ley dependerá de si la naturaleza de las tareas permite realizar pausas o sentarse durante los descansos.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá un plazo de 30 días para emitir criterios técnicos adicionales sobre factores de riesgo postural. Estos lineamientos complementarán la reforma y ayudarán a las empresas a cumplir con los nuevos requerimientos.
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En cuanto a las sanciones, la Ley Silla establece multas de entre 250 y dos mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos que van desde aproximadamente 28 mil hasta más de 280 mil pesos. Las multas dependerán de la gravedad de la falta y si existe reincidencia. En casos extremos, podría considerarse incluso la suspensión temporal de operaciones.
Con esta reforma, la Ley Silla se suma a otros cambios recientes en la legislación laboral mexicana que reconocen el derecho al descanso, como la ampliación de vacaciones y la desconexión digital para quienes trabajan a distancia.