José Buendía Hegewisch
Las omisiones con los desaparecidos son las mayores faltas de los últimos tres gobiernos por la negligencia para atender y resolver una crisis que se remonta a un lustro. Su duración es la confirmación de un patrón crónico de impunidad del crimen de que las autoridades prefieren guardar silencio, incluso frente al simbólico horror de ranchos y campos de exterminio en el país.
Leer más: La encrucijada de la soberanía y campos de exterminio: José Buendía
La eternización de la tragedia recuerda la frase lapidaria del escritor japonés Yasunari Kawabata: “cualquier clase de inhumanidad se convierte, con el tiempo, en humana”. Y aplica a México, por la normalización de crueles ausencias que sólo existen en la estadística, aunque también de ahí desaparecen por la falta de claridad del recuento; o, en ocasiones, se evocan en huellas de prendas halladas en crematorios clandestinos donde el narco extingue vidas desde hace mucho tiempo en Jalisco, Tamaulipas o Veracruz y otros estados frente al oscurecimiento de la investigación de los crímenes.
En cualquier caso, el silencio de todos es el sudario de 123 mil 808 personas desaparecidas según el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda hasta este 11 de marzo del 2025. Un crimen que ocurre a diario y se multiplica desde hace más de una década: las cifras oficiales reconocían 5 mil personas en 2011, que en una década se elevó a 95 mil personas en 2021 y, apenas al año siguiente, cruzó el negro hito de 100 mil desapariciones en plena pandemia de 2022.
El engrose de las cifras año a año es prueba fehaciente y suficiente de la impunidad recurrente dentro de las variables constantes de la violencia e inseguridad incesantes desde los últimos tres gobiernos panistas y priistas de Calderón y Peña Nieto, y los morenistas. Aunque unos señalen a otros para exculparse de uno de los mayores daños que las autoridades han propinado a la sociedad desde que se rompió la paz con Calderón en 2006. Es la mayor herida que ninguno ha podido sanar, y que ahora exigiría actuar rápido y distinto a la primera mujer en la Presidencia. Otra evidencia de este patrón crónico es la permanencia de los grupos de buscadores desde los primeros en 2013 en Veracruz en el primer año de Peña Nieto. Con ese gobierno alcanzarían visibilidad internacional por la resistencia de las familias de las víctimas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y su lucha para forzar a los sucesivos a su búsqueda imposible. Ese fue el hito que detonó el silencio y la impunidad que cubre a los desaparecidos en la total ausencia de castigos y ausencias por un delito de lesa humanidad como éste; cuando nos acostumbramos a normalizar la barbarie.
Su movilización y denuncia permanente ha forzado a actuar en algunas ocasiones como en el mismo rancho del horror de Teuchitlán; cuyo hallazgo se debió a denuncias de grupos civiles y que ahora las investigaciones quieren minimizar y poner en duda. Pero no cejan, su luto es permanente, como recordaron este fin de semana en el Zócalo y harán el mes próximo en el Día Nacional del Buscador y la Buscadora, y después en mayo el Día de las Madres. Son las figuras más respetadas del país, pero también las víctimas de la omisión y negligencia, porque ni Ayotzinapa o Teuchitlán podrían darse fuera del radar de las autoridades, como ha querido puntualizar el fiscal Gertz en el caso de Jalisco.
Las complicidades que revelan la operación de ranchos de horror o campos de adiestramiento narcos han generalizado el enojo de los colectivos hacia autoridades omisas y negligentes. Hasta ahora habían mantenido el beneficio de la duda al gobierno de Sheinbaum, pero relegados y sin respuesta de la política de seguridad retirarán su crédito y previsiblemente intensificarán la presión; es lo que les ha abierto las puertas de gobiernos locales como el de Clara Brugada que, a diferencia del federal, tiene una mesa institucional de trabajo con las víctimas; o el de Jalisco, que ofrece sumarlos a la investigación de Teuchitlán, aunque el caso lo haya atraído la FGR.
Crematorios clandestinos, narcocampamentos de exterminio, cuerpos disueltos en ácido, retenciones forzadas para reclutar jóvenes al narco y adiestrarlos como sicarios, ¿Qué tiene que pasar para que las autoridades reaccionen a la crisis de desaparecidos? ¿Qué debe descubrirse para romper los patrones de impunidad y quién va a acabar las complicidades? La respuesta hoy está en el terreno del gobierno de Sheinbaum.