En 2024, México cayó en su calificación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y con 26 puntos de 100 posibles, se colocó en el lugar 140 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional, luego de que en 2023 se había colocado en el lugar 126 con 31 puntos de 100.
La escala del ranking va de cero, que es la peor evaluación para un país, a 100, que es la mejor calificación posible. Transparencia Internacional dio a conocer su reporte anual del IPC, que registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, personas de la academia y negocios, sobre la corrupción en 180 países.
Con la calificación conseguida por México en el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, permanece en la última posición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues es el lugar 38 de 38 países. Esto, mientras que, en el G20, que incluye a 19 países más la Unión Europea, México se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia, que obtuvo 22 de 100 puntos.
A nivel global, los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90), Finlandia (88) y Singapur (84). Ningún país alcanzó los 100 puntos. Los países peores calificados son Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (8).
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Entre los países de Latinoamérica, México se encuentra mejor evaluado que Guatemala (25), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) y se ubica por debajo de Brasil (34) y Chile (63), sus principales competidores económicos en la región, destaca el reporte.
El documento, difundido en México por Transparencia Mexicana, la sede local de la organización internacional explica que entre los factores que influyeron en la calificación obtenida en 2024 están la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de las reformas en materia de transparencia, anticorrupción y al Poder Judicial; la impunidad en casos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la Estafa Maestra y Segalmex.
Asimismo, contempla los bajos niveles de sanción en materia de responsabilidades administrativas identificadas por los órganos de fiscalización superior; el creciente número de casos de corrupción a nivel estatal que involucran al crimen organizado y las empresas identificadas como “fantasma” o controladas por el crimen organizado que siguen siendo contratadas por los gobiernos.