Este miércoles se cumple un mes de la ola de violencia que mantiene paralizados a los habitantes de Culiacán por la confrontación al interior del Cártel de Sinaloa entre las facciones La Mayiza y Los Chapitos provocada por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de las autoridades estadounidenses.
Los enfrentamientos, homicidios y secuestros han provocado que la sociedad haya autoimpuesto un toque de queda y deje de asistir a comercios como restaurantes y plazas. La actividad comercial suspende sus actividades a partir de las 7:00 de la noche.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (CESP) informó que en 30 días de conflicto tiene un registro de 197 asesinatos, es decir, un promedio de seis homicidios por día; 224 personas han sufrido desaparición forzada, en promedio siete secuestros cada 24 horas; y se ha registrado el desplazamiento de por lo menos 200 familias de Culiacán y la zona conurbada.
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Un grupo de ciudadanos de Culiacán se encuentra en la Ciudad de México integrado por representantes de la sociedad civil, comerciantes y defensores de los derechos humanos para exigir a la presidenta, Claudia Sheinbaum, al Poder Legislativo y la banca comercial una serie de medidas que ayuden a los negocios y empresas generadoras de empleo que se han visto afectados.
Entre las medidas que solicitarán sean implementadas son un programa de créditos blandos, sin requisito de buró de crédito; suspensión de pago de impuestos como ISR e ISN, pagaderos a seis meses para empresas y negocios afectados; prórrogas para el pago de energía eléctrica y agua potable.
“Ellos sabrán qué hacer en términos de seguridad, nosotros no somos especialistas, no alcanzamos a entender ni tenemos toda esa información, pero sí tenemos la económica y sí podemos decirles que, si no recibimos un apoyo sustancial para mover esta estructura económica, eso va a empezar a colapsar y a generar hambre y otro nivel de violencia social”, aseveró Laura Guzmán, presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera en Culiacán.
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Reconocieron que si bien el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ha mostrado disposición dialogar con los diversos sectores sociales, debe ser más claro y contundente en las acciones para recuperar la estabilidad en la entidad y lleve hasta la máxima instancia de gobierno que es la presidencia sus peticiones y sea más oportuno en transmitir información a la sociedad sobre los operativos que se llevan a cabo por las autoridades.
“No solamente que recoja este pliego de peticiones que la mayor parte va a la federación, pero una parte importante es del estado y los alcaldes, sino que este vacío de información que nos genera pánico, que nos genera confusión, que nos genera desorientación lo cubra el gobierno que él encabeza porque es el que tiene información más veraz, más actualizada, más puntal que la que podamos tener nosotros”, afirmó Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CESP.
El 65% de la economía que sostiene la capital está en el comercio informal y es el más afectado. Sobre los establecimientos registrados, informaron que mil 500 han tenido que recortar horarios; más de 200 negocios han tenido que cerrar, lo que ha provocado que cerca de mil 200 empleos se hayan perdido.
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El conflicto entre los grupos delincuenciales se ha extendido a los municipios de Elota, El Dorado, Cosalá, San Ignacio, La Concordia, Rosario y Mazatlán.