No obstante que el presidente López Obrador se comprometió en su programa de gobierno sexenal a aprobar una nueva ley para el café y que una iniciativa ya fue aprobada en el Senado, legisladores de la Comisión de Agricultura de la Cámara de diputados la han detenido por un año; mientras que en áreas de las secretarías de Agricultura y la de Economía no hay seguimiento y dejan que se impongan los intereses de empresas transnacionales como la Nestlé, AMSA o California.
Así lo señaló el asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Fernando Celis Callejas, quien expresa que “existe mucho descontento en el sector productor de café nacional porque ven que el gobierno federal se somete a los intereses de unas cuantas compañías y no se atiende el interés público, en este caso cuestiones que beneficiarían a los cefeticultores en un periodo en que tienen precios muy bajos por su café”.
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En un comunicado, el analista refiere que cuando ya se habían aclarado algunos pendientes en torno a la iniciativa de ley, ahora la Secretaria de Economía presenta un documento “que señala que no se podría aprobar por que sería violatoria de varias cuestiones. Se ve la mano de la Nestlé que quiere descarrilar esta ley a como dé lugar”.
Señala con esto se observa desconocimiento de la situación del café en México por parte de dicha dependencia que repite los mismo que han señalado las empresas: que se necesitaría un presupuesto adicional, que va en contra del libre mercado, de los tratados internacionales, que afectaría las cuestiones de los precios, entre otros puntos.
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Celis Callejas comenta que la iniciativa de ley fue promovida por la senadora Susana Harp y el sector productor de café en la AMECAFE y tras superar las observaciones de las secretarías de Agricultura (Sader), la de Economía y (SE) de Hacienda (SHCP), se aprobó en la Cámara de Senadores y se turnó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde ya tiene más de un año “y se ha obstaculizado su avance”.
El especialista considera que la Presidencia de la República deberían actuar y a través de la secretaria Gobernación, Luisa María Alcalde, y la de Medio Ambiente, María Luisa Albores González, intervenir ante las instancias directivas de la Cámara de Diputados y que se apruebe la nueva ley que ya tenía la “validación” de la SHCP, la Sader y la SE.
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“Es muy grave que también desde la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados se presten a las maniobras de las empresas. Quedan pocos días, pero todavía se podría aprobar la ley”, manifiesta Fernando Celis.