El expresidente brasileño Jair Bolsonaro entregó su pasaporte tras ser objeto, junto a varios de sus aliados, de una operación policial por «la tentativa de golpe de Estado» que culminó en los actos del 8 de enero de 2023, después de que perdiera por estrecho margen las elecciones frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Los investigados «ejecutaron un plan para subvertir el Estado democrático de derecho con el objetivo de impedir la toma de posesión del gobierno legítimamente electo», escribió en su decisión el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.
La Policía brasileña lanzó la operación «Tempus Veritatis» en nueve estados de Brasil y el Distrito Federal para «investigar la organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho» para mantener al expresidente en el poder, por la que ya hubo una primera condena en septiembre pasado. Los agentes cumplieron 33 órdenes de allanamiento y cuatro arrestos, además de requisar pasaportes para impedir a algunos de los investigados salir del país, entre los que se cuentan cuatro generales, incluido Walter Braga Netto, exministro de Defensa, y Augusto Heleno, ministro del gabinete de Seguridad Institucional durante su gobierno.
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Los investigados «difundieron la ocurrencia de fraude en las elecciones presidenciales de 2022, incluso antes de que se celebraran, con el fin de permitir y legitimar una intervención militar», dijo la Policía. El pasaporte de Bolsonaro «ya fue entregado a las autoridades competentes», indicó en X su asesor y abogado Fabio Wajngarten. «Hace más de un año que no gobierno y continúo sufriendo una persecución implacable», reaccionó Bolsonaro en declaraciones a una periodista del diario Folha de S. Paulo. «Olvídense de mí», agregó el exmandatario, de 68 años.
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El vicepresidente de Brasil durante el Gobierno de Bolsonaro, Hamilton Mourão, hizo un llamamiento al Ejército para no permitir la investigación. «Las Fuerzas Armadas y sus comandantes no pueden omitirse ante la conducción arbitraria de procesos ilegales que alcanzan a sus integrantes fuera de la Justicia militar», cargó Mourão, general en la reserva y actual senador, durante una intervención en la Cámara Alta. Para él, la operación indica que Brasil «se encamina hacia un régimen totalitario«, ante lo cual cabe movilizarse. «Es forma pacífica y dentro de la ley», puntualizó.