En Estados Unidos crece la idea de que los grupos criminales gozan de protección de las autoridades mexicanas, lo que fue una ocurrencia en tiempos de Donald Trump, se va convirtiendo en parte de un paquete bipartidista de leyes que incluye declarar como grupos trerroristas a los cárteles que operan en territorio mexicano.
El ataque sufrido por cuatro estadounidenses el pasado 3 de marzo pasó a ser la puntilla que necesitaban legisladores, funcionarios y agrupaciones para presionar a Joe Biden para que emprenda acciones de mayor fuerza contra el gobierno de México.
La Casa Blanca, funcionarios, la DEA, el FBI, congresistas, gobernadores, fiscales, activistas, medios de comunicación, comediantes y grupos de la sociedad civil; en los últimos días han hecho de México un tema para abordar asuntos de violencia, comercio, democracia, consumo de drogas y hasta supercherías presidenciales.
El influyente senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, pidió al presidente que se porte duro con México, contundente afirmó que si México sigue dando refugio a los grupos criminales entonces es enemigo de Estados Unidos.
A las diferencias derivadas por los desacuerdos comerciales por el maíz trasgénico, el proteccionismo para favorecer a Pemex y a la CFE contra las empresas energéticas, la industria automotriz, el tráfico de migrantes, el trasiego de drogas, en particular con fentanilo y metanfetaminas; se añadió el incidente en el que fueron secuestradas cuatro personas, dos de ellas murieron, una sufrió heridas y la restante salió ilesa.
Por si faltasen asuntos, hay que añadir el malestar por la lenta extradición de personajes como Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán López, quienes se encuentran en una lista de 232 solicitudes, según informó la directora de la DEA a los senadores.
Legisladores de los dos partidos han manifestado que no ven cooperación del gobierno de México, el demócrata Bob Menéndez fue más lejos al declarar que no le tienen confianza al presidente López Obrador; en los mismos términos se han manifestado los exaspirantes a la candidatura republicana, Ted Cruz y Marco Rubio, entre otros.
La administración de Joe Biden ha tratado de llevar la relación de México con pocos sobresaltos, la fuerte presión que desde el primer día se ha registrado por el problema migratorio la hace temer que se debiliten las acciones en el sur y se vuelva a complicar el flujo de migrantes.
A un par de meses de que venza la cláusula 42 creada a raíz de la pandemia por Donald Trump para regresar migrantes a México o a sus países de origen, la administración actual tiene en la cartera una iniciativa semejante que limitaría el ingreso de familias que llegan a la frontera, lo que es visto como una continuación de las políticas de Trump.
La agenda está sobrecargada y el ánimo se viene calentando, los medios de comunicación de mayor cobertura y credibilidad han tomado toda clase de asuntos, desde el trivial del aluxe de López Obrador que fue tema en un par de programas nocturnos de gran audiencia, hasta las fuertes críticas por el problema que ha desatado el consumo de fentanilo y recientemente porque analistas y medios consideran que con las iniciativas del presidente se está poniendo en riesgo la democracia en México.
Por si hiciera falta el gobierno de Canadá decidió sumarse a las consultas para que se cumpla el tratado de libre comercio en materia de maíz trasgénico, que claramente señala que la única causal para condicionar las exportaciones son los argumentos científicos, y de estos hay poca materia.