El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, lo que le daría autoridad completa al Estado mexicano sobre el espacio aéreo nacional, por lo que se prevé crear el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo, además de contar con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 en abstención —de los diputados de las bancadas del PRI, PAN y PRD—, la ley que propuso el Poder Ejecutivo pasó y ahora será discutida en lo particular; sin embargo, fue el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) el que propuso una moción suspensiva para evitar la discusión, misma que fue rechazada.
“En segunda porque otra vez le dan atribuciones a la Sedena que deberían ser exclusivas del orden civil. Ampliar el carácter operativo de las Fuerzas Aéreas en el espacio aéreo mexicano es militarizar hasta el cielo”, expuso como bancada el partido naranja.
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Asimismo, tiene como objetivo “coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran de inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad nacional”.
Para la cual se integrará el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo, el cual será el responsable de coordinar acciones que preserven la seguridad y soberanía del Estado mexicano, además de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre dependencias. Aunado a lo anterior, se plantea disminuir amenazas a la seguridad como los vuelos clandestinos que transportan drogas y armas.
Durante la explicación de la ley, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ricardo Villarreal (PAN), expresó que actualmente la Fuerza Aérea Mexicana ya interviene en la localización e intercepción de los vuelos, aunque detalló que la legislación actual dificulta las sanciones.
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“(El actual marco jurídico) dificulta sanciones a tripulación y propietarios de aeronaves que vuelan y aterrizan ilegalmente en el territorio nacional, lo que impide se inhiba este comportamiento que vulnera a la seguridad área y a la seguridad nacional”
Además, el presidente de la comisión dio a conocer que cada 76 horas se reporta una alerta de seguridad por actividades de aeronaves de presuntos grupos criminales, por lo que reiteró su defensa al dictamen al señalar la necesidad de disminuir las alertas y las actividades ilícitas en todo el país.
Pese a la explicación del panista, la mayor parte de los partidos de oposición apuntaron a que se trata de un nuevo paso para la supuesta militarización del país: “La iniciativa presenta un grave riesgo de que al aumentar los órganos que pueden decidir rutas y maniobras de vuelo, la falta de comunicación genere problemas que puedan derivar en accidentes. Esto sería negligencia criminal”.
Pese a ser aprobado, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, expresó que para la discusión en lo particular se presentaron diversas propuestas de modificación a todo el dictamen, por lo que se alargará el proceso de validación hasta que se escuchen todas las propuestas.
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