El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este viernes una ley que evita una huelga ferroviaria en vísperas de Navidades, pero que va en contra de las peticiones de algunos sindicatos al dejar sin días de enfermedad pagados a los trabajadores.

Biden reconoció al ratificar la ley que ha sido una decisión «dura» para él, ya que ha alardeado en muchas ocasiones de su apoyo al movimiento sindical en Estados Unidos.

«Fue duro para mí, pero era lo que había que hacer en este momento para salvar empleos y proteger a millones de familias trabajadoras del daño que habrían causado interrupciones en las cadenas de suministro coincidiendo con estas fechas».

El presidente estadounidense, Joe Biden

A principios de semana, el dirigente pidió al Congreso que interviniera para evitar la huelga convocada para el 9 de diciembre y aprobara una ley para imponer a los trabajadores el principio de acuerdo alcanzado con las empresas en septiembre.

Ese pacto incluye una subida de salarios del 24 % para los empleados, así como cláusulas para permitirles ir al médico o responder a emergencias familiares sin ser penalizados, como hace el sistema actual.

Sin embargo, no contempla la posibilidad de que los trabajadores puedan seguir recibiendo un salario si están enfermos durante unos días y necesitan ausentarse del trabajo.

Líderes sindicales, como Sean O’Brien, han criticado con dureza a los demócratas y a Biden por imponer a los empleados un acuerdo que no les permite cobrar mientras están enfermos.

«Las empresa ferroviarias tienen beneficios récord, mientras que los trabajadores no tienen días de enfermedad pagados. ¿Eso está bien? La baja de enfermedad pagada es un derecho humano», afirmó O’Brien en Twitter.

En respuesta esas críticas, Biden y su partido han prometido que buscarán formas de garantizar una baja de enfermedad pagada para todos los estadounidenses, una medida difícil de sacar adelante porque los republicanos se oponen y los demócratas no pueden aprobarla en solitario.

Durante toda la semana, la Casa Blanca ha reiterado que una interrupción del transporte ferroviario a nivel nacional podría haber tenido efectos «catastróficos» para la economía.

De producirse esa huelga, la Casa Blanca calculaba que 765.000 personas podrían perder su trabajo en las dos primeras dos semanas, y que el impacto económico de ese parón podría haberse elevado a 2.000 millones de dólares diarios.

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