Con ocho votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el decreto que establece a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la responsable de las labores de seguridad pública y protección ciudadana.
La SCJN determinó que el decreto por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública hasta 2024 es constitucional.
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Los ministros establecieron que la Ley de la Guardia Nacional le permite al Poder Ejecutivo realizar estas acciones, por lo que rechazaron que con esta orden se hayan invadido las funciones del Poder Legislativo.
De acuerdo al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, no se está discutiendo la validez de la militarización del país, sino que se analizó la facultad que tenía el presidente López Obrador para poder emitir este decreto. Además, sostuvo que el decreto no impide que el Congreso redacte una ley que limite las capacidades del titular del Ejecutivo para realizar este tipo de acciones.
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En tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara, quien se pronunció en contra de la validez del acuerdo, consideró que se debe anteponer la seguridad pública sobre la disposición de las Fuerzas Armadas.
González Alcántara afirmó que el uso de las Fuerzas Armadas no debe ser una política pública, ya que, por su implicación, por lo que significan los derechos humanos y el Estado de Derecho, deben limitarse a criterios estrictamente excepcionales.
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