Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comunicó la petición durante la presentación de su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, donde dieron a conocer que hay nuevas pruebas corroboradas por autoridades, a un día de que termine su encomienda en el país.
«Hemos pedido una prórroga de un mes por las pruebas», señaló Carlos Martín Beristain, psicólogo miembro del GIEI, durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo este jueves en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
También hay evidencia en diversas conversaciones de comunicación y actividades conjuntas entre grupos delictivos y militares. Hay Referencias a jales, comidas, tenientes, entre otros.
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) September 29, 2022
Apuntó a que es necesaria la implementación de tres medidas para que se logre el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas: la creación de una unidad de seguimiento del caso; el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa; y el establecimiento de una mejor comunicación entre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y los padres de las víctimas.
Asimismo, la organización dio a conocer que, gracias a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les dio acceso a los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pudieron conocer nuevos detalles del caso.
También hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos y Marina, Semefo, diversos alcaldes, C4, policías de varias instituciones y regiones. En síntesis hay una relación cercana entre criminales y autoridades. Hay acciones coordinadas entre ellos.
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Algunas de las nuevas pruebas que presentaron fueron la existencia de un quinto autobús que fue escoltado por policías federales la noche del 26 de septiembre, además de capturas de pantalla y pruebas de intervención de líneas telefónicas por parte del Ejército Mexicano, así como un video donde se aprecia a personal de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula.
Por otro lado, también emitieron su opinión respecto a la suspensión de 21 órdenes de aprehensión del caso por la Fiscalía General de la República, emitidas el pasado 7 de septiembre.
En estos meses se han presentado diversas rupturas en la relación de trabajo con la autoridad por el incumplimiento de lo acordado con el GIEI: poner a gente que no sabe del caso, privilegiar la detención por la foto en vez de fincar expedientes sólidos, entre otros: @fcoxvial pic.twitter.com/vj6gCbewmz
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«Una lectura desde afuera, parece ser o da la sensación de que esto fue ordenado con algún criterio ajeno a la investigación», apuntó Francisco Cox, abogado del GIEI, quien además señaló que la suspensión no tenía ningún fundamento. A la reunión asistieron padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes se abstuvieron de dar declaraciones.
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