Aun cuando el secuestro (retención, captura o como se le quiera llamar), de casi una treintena de guardias nacionales en Michoacán, terminó pronto y sin víctimas, excepto el prestigio de ese cuerpo castrense, el recurso disuasivo de los delincuentes, en protesta por la captura de 160 personas del grupo Pueblos Unidos, debe inscribirse en la lógica más evidente y actual del comportamiento criminal: el desafío, la rebelión amotinada.
Y no es un hecho reciente, por desgracia.
Es quizá una consecuencia directa de la política fallida de los abrazos en lugar de los balazos o el pésimo antecedente de liberar en Culiacán a un capo sometido.
Tampoco es una realidad cuya repetición dependa de la voluntad divina, como ha dicho el presidente de la República quien en su arenga matutina ha dicho. “Ojalá” y no se repitan estos hechos, en referencia a lo sucedido la semana anterior en Guanajuato, Jalisco y Chihuahua.
Todavía no se registraban los hechos de Tijuana y Michoacán y por lo visto encomendarse a la divinidad (ojalá significa, lo quiera Dios), no ha resultado tan efectivo como las acciones militares bien planeadas y mejor ejecutadas como esa captura masiva cerca de Uruapan.
Pero la respuesta, lograda o no, debe preocupar. Los delincuentes no se arredran ante un poder administrado de manera titubeante. Los criminales se envalentonan cuando escuchan desde la cima del poder cómo ellos también forman parte de la responsabilidad protectora del gobierno. También a ellos los deben cuidar las fuerzas garantes de una seguridad quebrantada por ellos mismos. Una locura.
Pero esa locura es contagiosa.
Nada más basta escuchar las palabras de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, (quien) ha emitido un video en el que pide al crimen organizado (El país), “que cobre las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben”, en lugar de ensañarse con la población. Sus palabras han tenido un eco inmediato debido a que las sitúa en la lógica del narcotráfico en lugar de emplear un reclamo más propio del Estado de Derecho. Su mensaje respondía a los últimos altercados producidos en la ciudad fronteriza la pasada noche (12), en los que se incendiaron vehículos y se bloquearon las calles, acciones típicas del crimen cuando quiere sembrar el caos, y que han obligado a un despliegue de miles de agentes para mantener el orden”.
El análisis informativo del “El país”, peca de corto. La ubicación de este argumento no proviene de la “lógica” del narcotráfico, sino de la tácita legalización de sus acciones.
Quién debe cumplir y hacer cumplir la ley, ofrece sugerencias y hasta peticiones, para quienes saltan por encima de las normas y les pide una autolimitación de su conducta antisocial. Es increíble.
Si esta limitadísima señora Caballero, les autoriza y aun solicita a los delincuentes, cobrar derechos de piso o de operación “a quienes no les pagaron”, los está empujando a las venganzas incendiarias cuya responsabilidad es evitar, tanto como el chantaje de una abominable venta de protección.
Pero por lo visto no se puede ejercer el poder en nombre de Morena y aplicarle a la vida dos gramos de inteligencia o responsabilidad. Esta mujer es un caso de extrema ineptitud, por no decir, de redomada estupidez.
Aun cuando debe ponerse cada cosa en su lugar, esa rogativa del ojalá y no se repitan estos hechos, equivale al intento de frenar una pandemia de Coronavirus, con estampitas y detentes de poderío mágico o supersticioso en lugar de presurosas y suficientes vacunas.
Es como decir, el presidente tiene fuerza, moral; no fuerza de contagio o cualquiera de las muchas otras frases felices con las cuales la IV-T recubre sus desatinos con humoradas involuntarias.
Rafael Cardona