Con la pandemia y las restricciones de viajes, quedó suspendida la segunda audiencia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tiene México en contra de Costa Rica por la exportación de aguacate nacional a ese país.

Costa Rica prohibió la importación de aguacate mexicano fresco para consumo, pues consideró que existe un riesgo de que ingresara a la nación sudamericana la plaga “Sunblotch” o Mancha de Sol, esto después de 20 años de exportaciones por parte de México a ese territorio.

Frente a ello, desde 2017, el País llevó el caso ante la OMC.

La primera audiencia se dio a finales de octubre del año pasado y la segunda estaba prevista a inicios del segundo semestre de 2020, pero debido a la pandemia y el cierre de algunas actividades presenciales, se tuvo que aplazar la fecha de este encuentro, lo cual también ha ocurrido con otras audiencias de diversos casos en la OMC, relató una fuente familiarizada con el procedimiento.

Después de que la segunda audiencia tenga lugar, hay un periodo de entre cuatro a seis meses para que el informe final se haga público con la que sería la decisión definitiva, agregó la fuente.

De acuerdo con una petición de información a la Secretaría de Economía (SE), en principio, Costa Rica restringió la importación de este fruto de todos los países que tengan presencia de Mancha de Sol del aguacate (Avocado Sunblotch Viroid, ASBVd por sus siglas en inglés) que son Australia, Ghana, Grecia, Israel, Perú, Sudáfrica, España, Venezuela y Estados Unidos.

Por lo que esos países están obligados a certificar que sus envíos están libres del ASBVd.

“México no puede aceptar emitir una certificación de esa naturaleza porque no hay un riesgo que lo justifique dado que México exporta aguacates frescos para consumo (en los cuales el País considera que no es la vía para la propagación de la enfermedad) y no para siembra.

“Además, se trata de un requerimiento desproporcional debido a los costos que implicaría implementar una certificación carente de justificación técnica y científica”, afirmó la Secretaría.

Cabe mencionar que Costa Rica ha permitido el ingreso de aguacates de países que él mismo ha constatado que tienen ASBVd, a pesar de que emiten certificados alegando estar libres de ello, destacó la dependencia.

“De este modo, el proceder de Costa Rica resulta discriminatorio y arbitrario”, afirmó.

Debido a que la mayor parte de exportaciones de aguacate mexicano se realiza a Estados Unidos, este caso es mayoritariamente de interés sistémico, es decir, evitar sentar un precedente negativo que otros países puedan replicar con el pretexto de un supuesto riesgo sanitario, concluyó la SE.

La fuerza del derecho, en lugar del derecho a la fuerza, se constituye así en piedra angular de nuestra política comercial.

Costa Rica, país pequeño, altamente dependiente de su comercio exterior, ha abogado por décadas por el libre comercio y la apertura de mercados, tanto a nivel multilateral, en el foro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como a nivel subregional y bilateral, a través de la suscripción e implementación del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, vigente desde los años sesenta, como por los múltiples acuerdos de libre comercio firmados desde mediados de los noventa con México, Canadá, Chile, República Dominicana, Colombia, Perú, Corea, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.

La razón de ser de dicho entramado de acuerdos no es casual ni ha sido un capricho de nuestras autoridades de Comercio Exterior. Se trata de instrumentos que pretenden dar estabilidad y seguridad jurídica a los agentes económicos como incentivo para invertir, arriesgar e innovar; además, promueven que las medidas comerciales que adopten los gobiernos tengan razonabilidad y sustento técnico y se alejen cada vez más de la arbitrariedad que muchas veces ocasionan las presiones de los grupos de interés, a quienes poco les importa el bienestar nacional y mucho cuidan de sus propios bolsillos. Asimismo, buscan que las disputas o conflictos, que de tanto en tanto surjan durante la relación comercial, se resuelvan civilizadamente mediante la aplicación de reglas y principios previamente establecidos.

La fuerza del derecho, en lugar del derecho a la fuerza, se constituye así en piedra angular de nuestra política comercial, esencial frente a socios grandes y poderosos, pero importante también ante socios que tienden a tomar decisiones antojadizas y a abusar de su poder de imperio. Pero para poder invocar sin sonrojarnos las reglas que lleguen a ser violadas por esos socios es necesario que seamos nosotros los primeros en cumplirlas estrictamente y en velar por que la santidad de lo acordado (“pacta sunt servanda”) sea siempre respetada. Es a todas luces desvergonzado exigir que los demás cumplan con las reglas, cuando nosotros nos solazamos de violentarlas. Por esa razón, hemos criticado las contradicciones e inconsistencias recientes del gobierno de Costa Rica en este campo.

En efecto, el comportamiento que nuestro gobierno mostró, en la administración pasada y en esta, frente a las importaciones de aguacate hass provenientes de México, al burlarse del sistema, infringir las normas, e ignorar la ciencia, fue solo el espejo de lo que ahora sufrimos frente a las arbitrariedades panameñas, no por ello justificables. Asimismo, cuando el ministro de Agricultura de esta administración, recién entrado en funciones, anunció con bombos y platillos que “prometía” proteccionismo y aún ahora pregona que “los marcos jurídicos de defensa comercial imposibilitan la aplicación de instrumentos para una protección real de la producción nacional”, no hace más que invitar a que ahora otros cometan atropellos similares con nuestras exportaciones de lácteos y de productos cárnicos.

Mensajes igualmente errados se emiten cuando se reniega de la Alianza del Pacífico por miedo a la competencia, se imponen medidas de salvaguardia aparentemente injustificadas que alcanzan casi un 80% ad-valorem contra las importaciones de azúcar, o se renueva con los arroceros el compromiso de mantener el repugnante esquema vigente desde el 2002. No nos extrañemos, entonces, de que el mercado panameño se esté convirtiendo en un dolor de cabeza para los exportadores y autoridades costarricenses. El gobierno de Laurentino Cortizo, empresario y ganadero, aboga desde el Palacio de las Garzas por las mismas prácticas nocivas que algunos en el gobierno de Costa Rica también promueven mientras que otros las toleran sin levantar la voz cómo deberían, obligándonos a esperar a que un panel arbitral se pronuncie sobre lo que resulta obvio desde un inicio y a que nuestros productores paguen un alto costo mientras llega la resolución.

El mercado panameño es importante. También lo es que este se rija por normas que todos estén dispuestos a cumplir y a exigir. Lo que hoy está sucediendo en esa relación nos remonta 20 años atrás cuando prevalecían los atropellos y las represalias recíprocas. Hemos echado atrás en mucho de lo que se había logrado gracias a una política comercial sostenida y consistente en el tiempo y el actual doble discurso nos ha restado autoridad moral para reclamar lo que en derecho nos corresponde. Una lección más que aprender. No es tarde todavía para recapacitar y reencontrar el rumbo perdido. (FRIDA ANDRADE. REFORMA. Con información de EL FINANCIERO COSTA RICA.)