El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregó a las autoridades hacendarias un documento en el que plantea ajustes a las reformas fiscales contenidas en la Miscelánea Fiscal 2020 y a la minuta de la reforma para combatir a las ‘factureras’, ya que considera que se trata de propuestas que generan incertidumbre jurídica, frenan la inversión y dan un ‘superpoder’ al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin algún contrapeso.
El documento, ‘Comentarios sobre las iniciativas de reformas con implicaciones en materia fiscal’, del cual tiene copia El Financiero, también reclama que en todas las propuestas fiscales planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hay ausencia de reformas que reconozcan a los buenos contribuyentes, “no hay una sola medida tendiente a reconocer el buen historial de cumplimiento de los contribuyentes”, afirmó el organismo.
El pasado viernes, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, entregó al titular de Hacienda, Arturo Herrera, el documento con los principales puntos de preocupación que genera para el sector empresarial la Miscelánea Fiscal, a efecto de que pueda ser considerado en la discusión en el Congreso.
De acuerdo con representantes empresariales, el documento será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en esta misma semana se prevén dos reuniones de trabajo entre Hacienda y la cúpula empresarial en Palacio Nacional.
“Le entregué formalmente todas nuestras preocupaciones por escrito para que no sea nada más platicadito”, comentó Salazar Lomelín.
Tras la reunión con el CCE, el secretario de Hacienda dejó abierta la posibilidad de hacer ajustes a la miscelánea.
“Si encontráramos algún problema de diseño o si a partir de este diálogo (con empresarios) reconociéramos que hay algo que pudiera mejorarse, estamos dispuestos. El asunto no es desincentivar la inversión, sino aseguramos de que hay un piso parejo de que todos cumplen con sus contribuciones y que es hecho de forma equitativa”, prometió Herrera.
Los puntos de mayor preocupación para el sector privado son 7: limitación a la deducción de intereses a un monto equivalente al 30 por ciento de la utilidad ajustada de los contribuyentes; el esquema de inversiones para fondos de inversión; la responsabilidad solidaria para administradores y socios; cancelación de sellos digitales; cláusula general anti-abuso; esquemas reportables, y la reforma para combatir a las “factureras”.
Fuente: el Financiero