La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales en contra de funcionarios públicos por un posible daño al erario de más de 600 millones de pesos, que involucran a instituciones federales, gobiernos estatales y municipales, así como universidades públicas, derivado de sus trabajos de fiscalización y detección de presuntas irregularidades en el uso de recursos.
De acuerdo con información de la Auditoría Superior, las denuncias están relacionadas con las revisiones de las cuentas públicas del periodo comprendido de 2020 a 2024 y fueron presentadas el pasado 26 de junio.
Se trata de las primeras denuncias presentadas en la gestión del nuevo auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel, designado por la Cámara de Diputados a principios de marzo.
Las denuncias involucran a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con tres recursos interpuestos, y una contra Talleres Gráficos de México, ambas instituciones del gobierno federal.
También fueron presentados recursos contra el gobierno de Nayarit, con cinco denuncias penales; la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra en el Estado de México; Alvarado, Veracruz con cinco denuncias; Matehuala, San Luis Potosí; y Maravatío, Michoacán.
“Ya no tenemos que esperar a que acabe un proceso de fiscalización para presentar una denuncia en varios años cuando ya nadie se acuerde ni siquiera qué pasó. Ahora lo que decimos es: en el momento que nos damos cuenta, vamos y la presentamos. ¿Contra quién? Contra la entidad en la cual nos damos cuenta de que existe el posible ilícito y contra los servidores públicos posibles responsables», dijo el auditor superior ante medios.
«Será la Fiscalía General de la República que, a través de sus investigaciones, determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos”, agregó.
El titular de la ASF informó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que también se presentó ante la autoridad sustanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves derivadas de la detección de colusiones y contratación indebida en procedimientos de contratación pública.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la ASF a presentar denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías sobre el manejo de los recursos públicos.
También se estipula en la ley que es tarea de la Auditoría Superior “coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial”.