En una de las ya cotidianas mañaneras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador certificó la firma del documento en el que se compromete a no reelegirse. Previamente dijo «Estos conservadores (…) están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no relección».
López Obrador sostuvo que los señalamientos en torno a este tema son una campaña de difamación y calumnias, al señor se le sigue olvidando que ya pasó de ser candidato… Sin embargo, eso de “la reelección” es asunto pasado, por qué no firmar un documento que igual se va a pasar por…
Porque aunque el presidente dice que prefiere no opinar sobre el tema de la ampliación de mandato en Baja California, para no dar pie a las malas interpretaciones, ya que este asunto le corresponde al Congreso de la entidad, y afirme que no tuvo nada que ver en esa decisión validada la víspera, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky afirma que la ampliación de la gubernatura en Baja California, por parte del Congreso local, fue porque así lo ha pedido la gente.
Qué les va a impedir que una vez terminado el mandato actual, o que en su pantomima de revocación no se atrevan a decir que «La gente está cansada de tanta elección», como ya ha dicho antes la señora Polevnsky y apliquen un “Bonillazo”, por que como también dijo esta señora: “pueden hacerlo”.
Tras señalar que en este asunto no se ha informado de manera adecuada, ya que no solo votaron a favor los diputados de Morena, sino también los de la oposición, López Obrador pidió no involucrarlo en este tema pues “no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba”, pero, señor, usted es el Presidente, ¿no se da cuenta que la “independencia” que le alega al Estado de Baja California, amerita una disolución de poderes?
Para contrarrestar esta agresión al Estado de Derecho, desde el pasado viernes 19 fueron presentadas dos denuncias penales por el presunto delito de cohecho contra los 21 diputados que aprobaron la reforma 35 días después de los comicios locales.
En ambas denuncias penales Ricardo Peralta Saucedo, actual subsecretario de Gobernación, y Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali, son señalados como presuntos responsables de actos de extorsión y sobornos a legisladores para que aprobaran la “Ley Bonilla“… Y si al Presidente no le ocupa lo demás, ¡esto es corrupción!
Cosa aparte, aunque bien pegada al asunto, es que el cuestionado candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Jaime Bonilla Valdez, tiene una carrera política corta en México, superada por su trayectoria en el partido Republicano en Estados Unidos y sus actividades empresariales.
Para ocupar ese cargo, Bonilla Valdez tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense que obtuvo luego de ser nacionalizado por el gobierno del país vecino.
Bonilla Valdez fue integrante del partido Republicano en Estados Unidos desde el año 2000, por el que compitió por el puesto de director del Distrito de Agua de Ontay, en Chula Vista, California, cargo que desempeñó durante 11 años de acuerdo con una investigación de la revista Proceso.
Su desempeño en este puesto ha sido una de los principales argumentos para cuestionar su legitimidad como candidato a la gubernatura de ese estado, toda vez que las normas electorales establecen que se debe acreditar la residencia de por lo menos 15 años inmediatos anteriores al día de la elección, que se celebró el 2 de julio de este año.
Baja California actualmente enfrenta al mayor endeudamiento público de su historia, además de enfrentarse a una de las agresiones Constitucionales más graves, por lo que ahora sólo queda confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dé marcha atrás a tan corrupta reforma.
Aletia Molina
@AletiaMolina1