Militares y policías de Pueblaejecutaron a dos personas, manipularon un cadáver y colocaron armas largas a dos cuerpos tras los enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y fuerzas federales y estatales en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, ocurridos el 3 de mayo de 2017, acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Los soldados y los oficiales también maltrataron a 12 personas, entre ellas tres menores de edad, y detuvieron a dos infantes.

Por esos hechos, el organismo emitió la Recomendación 12VG/2018 por violaciones graves a derechos humanos atribuibles a elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Seguridad Pública del estado de Puebla, así como otros hechos violatorios cometidos por Petróleos Mexicanos, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Puebla y el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.

“Tras su investigación, la CNDH contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas”, explicó en la recomendación.

Los enfrentamientos dejaron 10 muertos, seis civiles y cuatro militares; 26 heridos, 14 civiles y 12 militares; y 13 detenidos, nueve adultos y cuatro menores.

Aseguró que la PGR se negó a entregar a la CNDH copias de las correspondientes carpetas de investigación, “lo que se traduce en falta de colaboración de dicha instancia con este Organismo Constitucional Autónomo en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.

El organismo ve con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que los detenidos no son puestos a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetos a proceso.

Fuente: Milenio