La coalición Por México al Frente exigió separar del cargo al titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira, por afectar la imagen del candidato presidencial Ricardo Anaya.
El jueves, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral federal determinó que tanto Lira como el director de Comunicación Social de la PGR, Rafael Lugo, hicieron uso indebido de recursos públicos al difundir un video donde aparece Anaya al momento de acudir a preguntar si había un proceso en su contra.
«Si la Sala Especializada da esta resolución, pues, ahora lo que exigimos es una disculpa pública a la PGR, y no sólo eso: la renuncia de estos dos inculpados por haberse excedido en sus funciones y haber utilizado recursos públicos para dañar la imagen de un candidato», reprochó Ángel Ávila, secretario general del PRD.
Al respecto, Anaya destacó que la resolución confirma que el Gobierno federal intervino de manera ilegal en el proceso electoral utilizando de manera facciosa a las instituciones del Estado mexicano en su contra.
«Reitero mi exigencia de que el Gobierno federal saque las manos del proceso electoral y permita que sean, en plena libertad, las ciudadanas y los ciudadanos quienes decidan quién será el próximo Presidente de México», dijo en conferencia.
El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, coincidió en que se dio un abuso indebido del Gobierno y que así se evidenció con la resolución del Tribunal federal.
«Fue un ataque sin precedente, brutal, pero no nos logró quitar ni un solo punto», sostuvo en entrevista.
En tanto, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, lanzó un llamado a la PGR para que deje el proceso electoral en manos de los candidatos y de las autoridades correspondientes.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral federal ya dio vista al Órgano Interno de Control de la PGR, así como al INAI, para que determinen las sanciones correspondientes.
La resolución de la Sala Regional Especializada todavía puede ser llevada a la Sala Superior del Trife, la cual tendrá la última voz en caso de que los funcionarios impugnen la decisión.