El exasesor del presidente Donald Trump, Steve Bannon se rehusó a responder los cuestionamientos hechos en una reunión a puerta cerrada como parte de la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales.
Bannon acudió la mañana de este martes al encuentro con legisladores sin embargo no quiso hablar sobre sus labores con Trump durante la transición presidencial o en la Casa Blanca.
Ante la negativa a responder las preguntas, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, le extendió una nueva citación para que dé detalles sobre sus lazos con el gobierno ruso.
Cabe destacar que autoridades estadounidense continúan las investigaciones para determinar si hubo vínculos entre el equipo de campaña del mandatario y operadores rusos.
La atención sobre Bannon se intensificó después de la publicación del libro Fuego y Furia que lo cita diciendo que cree que el hijo del presidente y otros colaboradores incurrieron en actos “traicioneros” al reunirse con personas rusas durante la campaña de 2016.
Bannon acusa a Donald Trump Jr., Jared Kushner y al exdirector de campaña del magnate, Paul Manafort, de traicionar básicamente a la nación al reunirse con un grupo de abogados y cabilderos rusos que presumiblemente estaban dispuestos a ofrecer información perjudicial relacionada con la candidata demócrata Hillary Clinton.
Los legisladores también le preguntaron qué pensaba Trump cuando despidió al ahora exdirector del FBI, James Comey.
En tanto, un funcionario presidencial reveló que la Casa Blanca no consideró beneficiar a Bannon con inmunidad ejecutiva, medida que lo habría eximido de responder ciertas preguntas, porque no había razón para hacerlo.
“Tal como ocurre con todas las investigaciones legislativas relacionadas con la Casa Blanca, el Congreso debe consultar con la Casa Blanca antes de obtener información confidencial. Esto es parte de un proceso judicialmente reconocido que se remonta a décadas”, declaró la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders.
Fuente: La Razón