Las aspiraciones de los políticos en pleno terreno de despegue electoral han puesto en el tablero de juego una ficha que parecía ya asignada: la fiscalía general.
Por un lado, está la presión de quienes buscan que Raúl Cervantes encabece la fiscalía los próximos nueve años, así nada más. Están también quienes realizan pronunciamientos ambiguos y mientras dicen no apoyar el pase automático, favorecen la instalación de un «concurso abierto» en el que se le «permita» participar al actual procurador, de manera que el pase exista, aunque le recorten lo instantáneo. Ambas posturas darían el mismo resultado y cuentan con mayoría.
No hay demasiado que agregar a los argumentos de por qué la continuidad resta legitimidad y fuerza a una institución con la importancia de la Fiscalía General de la República. Las investigaciones periodísticas reveladas estas semanas elevan el costo de obviar la necesidad de romper la inercia del pase automático. Quien después de conocer los datos expuestos en el reportaje de Animal Político #laestafamaestra siga viendo en el pase automático una posibilidad, evidenciará su interés por extender la impunidad. Son quienes buscan prolongar una década más los «errores administrativos», como justificación del desvío de recursos mediante el uso de empresas fantasma.
Con el mayor de los optimismos podríamos suponer que el día de hoy resulta inviable ya imponer el apellido de un fiscal, así que lo que procedería es la modificación al artículo 102 constitucional para que se prohíba a cualquiera que haya sido procurador, postularse por el cargo. Sin embargo, hay otro pendiente fundamental que atender: el diseño de una ingeniería institucional lo suficientemente sólida que pase la prueba de ácido de las complicidades y los acuerdos políticos.
Ayer, más de 300 organizaciones de sociedad civil entregaron al Senado una propuesta que borda finamente las garantías de una Fiscalía General de la República realmente autónoma. No solo proponen un proceso de designación del fiscal acorde con estándares internacionales, sino que plantean un marco normativo para las competencias de la Fiscalía General de la República, las fiscalías especializadas con sus propias reglas de independencia diferenciada; fiscalías estatales; medidas para garantizar unidad y funcionalidad del Ministerio Público; naturaleza del órgano interno de control; servicio profesional de carrera, entre otras.
Está por verse qué legisladores analizarán a fondo esta propuesta antes de emitir su voto. El proceder de cada fracción parlamentaria exhibirá su verdadera naturaleza. Tengámoslo en cuenta cuando nos toque votar.