Los opositores están en las calles, la polarización es cada vez mayor y las peticiones internacionales para suspender la Asamblea Constituyente, convocada por Nicolás Maduro, se multiplican.
Venezuela es un hervidero, pero la elección de constituyentes, este domingo 30 de julio, sigue en pie.
Maduro dice que la Constituyente traerá «paz y estabilidad», mientras que la oposición ve el proceso como una estocada más a la moribunda institucionalidad venezolana.
A continuación, algunos puntos importantes para entender este proceso y por qué es tan polémico.
¿Qué es una Asamblea Constituyente?
El denominado Poder Constituyente, es el poder supremo del pueblo como un todo. Es el llamado poder originario que da las normas constitucionales que lo rigen como sociedad. Para que ese poder se exprese de manera orgánica, el pueblo elige una asamblea que precisamente se denomina Asamblea Nacional Constituyente.
En el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro tiene potestad para convocar a una Constituyente, de acuerdo con el artículo 348, aunque no podrá objetar la Constitución que resulte de ella y que podría poner fin a la aprobada en 1999 tras la llegada al poder de Hugo Chávez.
¿Por qué la convocatoria de Maduro fue polémica desde el inicio?
La Constitución actual de Venezuela reconoce la posibilidad de que el pueblo convoque a una Constituyente para «transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución», dando la iniciativa para impulsar el proceso al presidente, a la Asamblea Nacional, a los Consejos Municipales y a un número de electores superior al 15% del padrón electoral nacional.
Según explica el sitio Prodavinci, esto implica que Maduro en principio sí podía iniciar el proceso, pero el verdadero convocante debió ser el pueblo a quien no se consultó mediante un referendo si se convocaba o no a la Constituyente. En 1999, Hugo Chávez convocó a un referendo, que ganó, antes de reunir a la Asamblea.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) efectuó una consulta simbólica el domingo 16 de julio en la que, según sus cifras, 7,6 millones de personas rechazaron la Constituyente.
Ante los señalamientos, Maduro aseguró que el propósito de la iniciativa es perfeccionar la Constitución de 1999. También prometió que el texto que resulte de la Asamblea será sometido a un referendo aprobatorio.
Uno de los puntos más cuestionados de la convocatoria de Maduro tiene que ver con la metodología que se utilizará para elegir a los constituyentes.
La Asamblea estará integrada por 545 miembros. De ellos, 364 serán elegidos de forma territorial y el resto, 181, por criterios sectoriales.
Los críticos del proceso consideran que tanto la elección territorial como la sectorial favorecen al chavismo.
El gobierno de Venezuela advirtió el jueves que enviará a prisión a quienes interfieran con la elección del domingo de la Asamblea Constituyente, retando a la oposición que prometió una gran marcha y boicotear la votación.
En el caso de la elección territorial, la metodología generaría una sobrerrepresentación de los municipios con menor población (donde es más fuerte el chavismo), ya que cada municipio tendrá un representante —las capitales de estado tendrán dos— sin importar la población que tengan.
Los problemas de representación quedan más claros cuando se aprecian con números. Por ejemplo, según un análisis publicado por Prodavinci, los municipios Maroa, Río Negro y Manapiare —que juntos suman 7.605 electores— tendrán derecho cada uno a un constituyente, mientras que el municipio Maracaibo (capital del estado Zulia) solo tendrá derecho a elegir dos representantes, aunque tenga 941.974 electores.
Otro problema de la metodología, según los opositores, es que en las capitales de Estado (donde es más fuerte la oposición) se aplicará una distribución proporcional para elegir a los dos constituyentes. Situación que le aseguraría al menos un representante al chavismo.
La elección de representantes sectoriales también es polémica. Maduro definió ocho sectores de donde saldrán los representantes: trabajadores, campesinos, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios y comunas, y consejos comunales.
Los opositores cuestionan los registros electorales de los sectores. Además, piensan que la elección sectorial es una movida del chavismo para lograr una mayoría, pese a la impopularidad general del gobierno de Maduro.
¿En qué contexto se dio el llamado a la Constituyente?
Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente el 1.° de mayo, amparado en el artículo 347 de la Constitución. En ese momento, precisó que no quería una Asamblea «de los partidos de élite», sino «una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina».
Este llamado y su proceso de organización, se dio en medio de una creciente crisis política y tensión social. Las manifestaciones opositoras cumplen cuatro meses de llevarse a cabo casi a diario y 113 personas han muerto en estas protestas. Además, cerca de 500 opositores han resultado detenidos.
Los recursos contra la iniciativa presentados por la fiscal general Luisa Ortega también caldearon el tema desde la perspectiva legal, ya que Ortega pidió la nulidad de la convocatoria y de las bases comiciales por considerar que no cumplían con los requisitos legales.
Ortega también ha informado que el Ministerio Público ha recibido denuncias de personas y funcionarios públicos que han sido amenazados con quitarles beneficios del Estado si no votan este domingo.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, calificada de “traidora” por el gobierno, desafió el jueves al presidente Nicolás Maduro al interponer un recurso contra su propuesta para la reformar la constitución.
¿Por qué la oposición rechaza participar en la Constituyente?
La oposición denuncia que, tras el llamado a la Constituyente, se oculta el propósito de establecer un nuevo marco normativo que permita al régimen deshacerse de los poderes públicos que hoy le estorban, como la Asamblea Nacional y la Fiscalía, aplazar las elecciones y dar un paso decisivo hacia un Estado autoritario.
La MUD ha emprendido una fuerte estrategia contra la Constituyente que ha llevado a las manifestaciones, las huelgas generales, el referendo simbólico y la designación de una corte suprema paralela al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conformada por 33 jueces, a quienes Maduro amenazó con llevar a la cárcel.
La comunidad internacional también ha ejercido presión. Varios gobiernos de América Latina, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) le han pedido al mandatario que retire el proyecto.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos adoptó esta semana sanciones contra 13 funcionarios venezolanos y el presidente estadounidense, Donald Trump, había alertado que la Casa Blanca tomaría «acciones fuertes y rápidas» contra Venezuela si el gobierno de Maduro continuaba con la Constituyente.
Asimismo, Estados Unidos dispuso este jueves que los familiares de sus diplomáticos salgan de Venezuela.
¿Qué busca cambiar Maduro?
El oficialismo afirma que la Constituyente permitirá el «perfeccionamiento» de la revolución bolivariana, acabará con la crisis política que vive el país y creará las «condiciones de estabilidad» para realizar los procesos electorales pendientes y venideros, incluidas las elecciones presidenciales de 2018.
En Venezuela, siguen pendientes las elecciones regionales, que estaban previstas para finales de 2016 y las municipales, que deberían realizarse este año.
La oposición, por su parte, considera la Constituyente como «la consumación de un golpe de Estado» del presidente a la Constitución y una movida para atrasar los procesos electorales.
Según Maduro estos son los principales temas que busca promover con la Constituyente:
Ganar la paz, aislar a «los violentos», reafirmar los valores de la justicia y de la no impunidad.
Hacer explícito el concepto, la forma y los mandatos constitucionales del modelo pospetrolero.
Constitucionalizar todas las misiones creadas por Hugo Chávez, entre ellas las de vivienda, educación, salud y cultura.
Dejar establecidas en la Constitución las obligaciones de la inversión social en el ingreso nacional y el presupuesto nacional.
Potenciar el funcionamiento del sistema de justicia, seguridad y protección del pueblo.
La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Impulsar las nuevas formas de la democracia participativa y directa.
La defensa de la soberanía nacional, la integridad de la nación y el rechazo del intervencionismo.
Impulsar la identidad cultural.
Abordar el tema del cambio climático
Fuente: La Nación