En sólo un trimestre (de abril a junio) de este año el número de personas incorporadas al Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos pasó de 538 a 589 beneficiarios. Hasta ayer, la lista continuaba en ascenso.
De manera paralela, las entidades federativas trabajan en la integración de unidades de información y monitoreo, con el objetivo –se afirma– de fortalecer por esta vía el mecanismo nacional, operado desde el gobierno federal, cuyo objetivo es no sólo brindar escoltas o chalecos antibalas, sino prevenir las agresiones y asesinatos de integrantes de estos dos grupos.
Al cierre de junio, el número total de beneficiarios era de 368 activistas y 221 periodistas.
Sin embargo, en días posteriores los responsables de esta instancia recibieron 20 peticiones más de incorporación, las cuales se analizaron entre jueves y viernes.
Igualmente, 19 casos fueron revaluados (para cancelar o continuar con la protección) y 20 fueron revisados por primera vez.
De acuerdo con información recabada por este diario, la nueva cifra de beneficiarios del mecanismo estaría integrada por 597 personas: 225 periodistas y 372 defensores de derechos.
Lo anterior fue abordado durante la sesión ordinaria de la junta de gobierno del mecanismo, coordinado por la Secretaría de Gobernación y en la cual participan, con voz y voto, representantes de la sociedad civil.
Si se toma como base el argumento de Gobernación, en el sentido de que los homicidios contra comunicadores se relacionan con amenazas del crimen organizado, el bimestre más violento de 1997 a la fecha, por número de homicidios, coincide con el alto nivel de solicitudes de protección.
El más reciente informe estadístico del mecanismo (junio de este año), previo a la eventual ampliación aprobada ayer, se indica que desde la creación de esa instancia (octubre 2012) han sido recibidas 470 solicitudes de incorporación (201 de defensores y 269 de comunicadores). En este último caso, de 52 presentadas durante el primer semestre del año en curso, sólo una no fue admitida, mientras que 36 entraron en procesos ordinarios y 15 en situación extraordinaria.
Por número de peticiones, casi 60 por ciento de estas corresponden a periodistas, se indica en el reporte elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación.
En los casi cinco años de operación del mecanismo, la Ciudad de México persiste como la entidad con mayor número de solicitudes (84 hasta junio), seguida por Veracruz (57), Guerrero (35), estado de México (27), Oaxaca (24), Chiapas (20) y Chihuahua y Tamaulipas, con 19 cada una.
En sentido contrario, Durango, Nayarit y Aguascalientes reportaron el menor número de peticiones de incorporación.
Como probables agresores continúan a la cabeza servidores o servidoras públicas, aunque la brecha se va cerrando en cuanto a la posible autoría de particulares, a quienes el gobierno identifica como parte de grupos criminales.
En el caso de periodistas, a junio pasado había 47 casos incorporados este año, de los cuales en 19 se señala como autores a servidores públicos, en 13 a particulares y 15 no identificados. Igualmente las autoridades presumen que sean parte de grupos delincuenciales.
La amenaza continúa como principal motivo de incorporación al mecanismo, seguido de la agresión física y, como tercera causa, secuestro y privación de la libertad.
En enero-junio de 2017, de una lista de 42 comunicadores protegidos, uno fue secustrado, 10 sufrieron agresión física y 31 amenazas. Para el caso de los defensores, de 21 personas, 17 fueron amenazados y cuatro agredidos físicamente.
Fuente: La jornada