Las acusaciones se amontonan contra el presidente de Brasil, Michel Temer, vapuleado por las pruebas y las declaraciones judiciales presentadas para incriminarle por los propietarios de uno de los principales grupos empresariales del país. Pero Temer no solo se resiste a dimitir sino que ha decidido pasar al ataque. Asegura que las pruebas contra él son “fraudulentas” y en un mensaje a la nación instó este sábado al Tribunal Supremo a suspender las investigaciones por obstrucción a la justicia, corrupción pasiva y organización criminal.
Resistir a toda costa parece ser la consigna del presidente brasileño, pese a que la situación para él no hace más que agravarse según pasan los días. La divulgación el pasado viernes de las declaraciones judiciales de los empresarios que lo inculpan, los dueños del imperio cárnico JBS, trajo consecuencias devastadoras. La Orden de Abogados de Brasil (OAB), una poderosa organización que engloba a letrados de todo el país, ha encontrado indicios de «responsabilidad criminal» ya ha acordado presentar en el Congreso una solicitud de impeachment del presidente. La Constitución permite tomar esa iniciativa a cualquier ciudadano, y el grupo de los abogados ya lo había hecho el año pasado para sumarse a la iniciativa que acabó con la presidencia de Dilma Rousseff. Por si fuera poco, el mayor grupo de comunicación del país, el poderoso O Globo, hasta ahora uno de los grandes apoyos de Temer, le está fustigando sin piedad y el viernes publicó un editorial exigiendo su renuncia.Y en el Congreso se resquebraja los respaldos políticos al presidente.
En sus confesiones judiciales, los directivos de JBS describen un pago sistemático de donaciones ilegales, negociadas directamente con Temer a lo largo de los 10 últimos años, que suman hasta 4,7 millones de reales (unos 1,5 millones de euros). Las maniobras relatadas por los empresarios llegan hasta muy recientemente, incluso en medio de la conmoción creada en el país por las investigaciones del caso Lava Jato. Aseguran que hace unos meses un intermediario de Temer les exigió una comisión del 5% para lograr una decisión favorable del organismo que vela por la libre competencia y que podría reportar a JBS un negocio de 200 millones de reales (unos 60 millones de euros) al año.
Remontándose al pasado, los delatores narran episodios incluso chuscos. Por ejemplo, cómo Temer gestionó en 2010, siendo vicepresidente, una asignación mensual de 100.000 reales —unos 30.000 euros— para un aliado suyo que acababa de cesar como ministro. O cómo logró una donación de otros 15 millones de reales —unos 4,5 millones de euros— para los partidos que iban aliados con él en la campaña electoral de 2014 y luego decidió quedarse con un millón para su bolsillo.
Aunque de momento Temer mantiene el grueso de su apoyo parlamentario, que incluye a su propia fuerza política, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y al Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), continúa el goteo de deserciones entre sus aliados. Este sábado le retiró el respaldo el Partido Socialista Brasileño (PSB), que tiene un ministro, 35 diputados y siete senadores. Cada vez es más dudoso que disponga de fuerza suficiente para aprobar la reforma en la que más se ha empeñado y la que más le reclaman los mercados: el recorte de las pensiones.
Por primera vez desde que estalló la nueva crisis, salió a escena el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para exigir la renuncia de Temer y elecciones anticipadas. Lula es el más interesado en comicios inmediatos porque lidera todas las encuestas y podría acudir a las urnas antes de que se resuelvan los cinco procesos judiciales abiertos contra él también por corrupción. El expresidente tampoco sale indemne de las confesiones de los dueños de JBS, que aseguran que entregaron 150 millones de reales –unos 45 millones de euros- en donativos ilegales al Partido de los Trabajadores de Lula.
En medio de este aluvión, Temer decidió este sábado dirigirse de nuevo a la nación no solo para negar todos los cargos sino para presentarse como el “moralizador” de las instituciones públicas brasileñas. Y advertir de que la apertura de la investigación judicial compromete la recuperación económica de Brasil, tras dos años de dura recesión, ya que ha situado al país en lo que él mismo admite como “una grave crisis política”.
Fuente: El País