La prevención e investigación de los delitos derivados del robo de combustible son responsabilidad de las autoridades civiles, sin embargo, aunque el Ejército ha tenido que coadyuvar con estas tareas, opera sin marco regulatorio porque la iniciativa de Ley de Seguridad Interior permanece detenida, advirtieron militares.

Incluso, tras los hechos ocurridos en el poblado Palmarito, Puebla, la Policía Militar realizó funciones de seguridad pública que le competen a las autoridades civiles, al ir en busca de los homicidas, detenerlos, y resguardar la zona donde los pobladores bloquearon la autopista Puebla-Orizaba durante cuatro horas.

Tan solo en Puebla, donde la noche de este miércoles murieron 10 personas, entre ellas cuatro soldados, y otros 11 uniformados resultaron lesionados, entre los años 2015 y 2017, el Ejército ha sido atacado 14 veces por los “huachicoleros”, según el recuento de cifras oficiales.

Fuentes federales explicaron que el modus operandi de estos grupos criminales consiste en agredir a las autoridades y poner como escudo a mujeres y niños para que, en caso de responder el ataque, denunciar a los uniformados, argumentar violaciones a los derechos humanos con el fin de impedir su aprehensión y continuar con las actividades ilícitas.

El vacío legal da ventaja al crimen organizado, explicó un militar en el anonimato, porque no hay respaldo jurídico para los soldados ante una agresión.

“No hay certeza jurídica para saber con qué intensidad se debe hacer uso de la fuerza ni el poder de fuego permitido porque la Ley de Seguridad Interior sigue detenida.

“Los pobladores saben que ahí se cometen delitos, que roban combustible, que mataron soldados, y se convierten en cómplices al manifestarse en contra del Ejército, protegen a los delincuentes y se dicen víctimas o agredidos por el Ejército”, subrayó.

Fuente: El Universal

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